"No se dimensiona la gravedad de las situaciones que denuncian las mujeres"

Lía Masjoan
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Romina Dusso había denunciado tres veces a Marcos Feruglio en tres comisarías de tres lugares distintos: en Santa Fe, hace dos años; en Sauce Viejo, en la última Semana Santa; y en Santo Tomé, el viernes pasado. Y nada ni nadie pudo evitar la tragedia.

Hoy, Romina está viva, junto a sus tres hijos, tras autorefugiarse en su casa paterna. Pero perdió a su padre, a su madre y a la nueva pareja, y a una de sus hermanas, en manos de la furia atroz de su ex novio.

Más allá de las historias íntimas y personales que pueden desencadenar este tipo de hechos violentos, hay algunas preguntas inevitables: ¿Por qué nadie la escuchó? ¿Por qué no hubo intervención del Estado tras las denuncias? ¿Qué es lo que está fallando y cómo puede corregirse?

Natacha Guala es abogada, trabaja en el Programa de Género de la Universidad Nacional del Litoral e integra el colectivo feminista Mala Junta. Sostiene que un punto central es “la falta de crédito o de validación que se da a las voces de las mujeres. Institucionalmente, tanto a nivel policial como desde las Fiscalías, no se dimensiona la gravedad de las situaciones que las mujeres denuncian”.

Y señala dos aspectos clave que interfieren en que esto sea así. Por un lado, “responde a la falta de perspectiva de género, de capacitación de los operadores que reciben las primeras denuncias para comprender de alguna manera la dinámica de la violencia contra las mujeres y poder intervenir de forma preventiva y garantizando la protección de esas mujeres”. Por el otro, “tiene que ver con cierta banalización de las situaciones de violencia y con parte de un problema cultural mayor que se relaciona con la naturalización de las situaciones de violencia contra las mujeres. Parecería ser que solo es tomada seriamente cuando nos topamos con un caso como éste, pero no cuando van a denunciar previamente; es necesario llegar a un femicidio o a un femicidio vinculado como en este caso para que se tome con la seriedad que merece”.

El caso de Romina deja en claro esta ausencia de medidas integrales que permitan la protección de las mujeres: “Con ella no se tomó ninguna medida; fue a la casa de su padre pero eso es una medida desde el ámbito privado, el Estado no brindó ningún tipo de asistencia o ayuda, solo después del hecho consumado se movilizó el aparato judicial. Por eso decimos que esto es violencia institucional, es una omisión del Estado que no tomó medidas a tiempo, así está encuadrado en la ley”, afirmó.

Medidas

Ante esto, una primera acción pendiente importante que destaca Guala es capacitar a los operadores de todos los niveles en perspectiva de género, especialmente a quienes las reciben en las comisarías, acompañando con los recursos necesarios: “No sólo son importantes los refugios sino posibilitar la autonomía de las mujeres para que puedan salir de estas situaciones”. Además, “hay que abordar un trabajo con los varones agresores, que es una pata muy ausente”.

La especialista destaca también como prioridad la necesidad de “incorporar la perspectiva de género e igualdad en educación, desde los más tempranos niveles, la igualdad real de las mujeres en términos de su inserción laboral y económica”.

Por último, Guala incluye en sus reflexiones la labor de los medios de comunicación cuando abordan estos temas: “Cumplen un rol muy importante como formadores de opinión y cuando colocan la responsabilidad de las mujeres en las denuncias que hacen, las deja expuestas y terminan siendo cómplices y reproductores de violencia mediática”, afirmó.