Al menos cuatro definiciones arrojó la reunión que mantuvieron este martes por la mañana, un grupo de padres que llevan a sus hijos al Jardín de Infantes San Roque y las autoridades del Ministerio de Educación provincial, a raíz de un presunto caso de abuso sexual por parte de un profesor de música el cual se encuentra detenido. Si bien reconocieron que “se enteraron por los medios”, a partir de entonces se iniciaron los sumarios administrativos correspondientes y desplazaron al personal que pudo estar involucrado. Asimismo, anunciaron la creación de un “gabinete” extra escolar con carácter “permanente” para el acompañamiento de alumnos, docentes y padres. También ofrecieron una lista de instituciones con vacantes para quienes quieran optar por otras escuelas.
Un grupo de padres “autoconvocados” se concentraron a partir de las 9.30 de la mañana en las escalinatas del Centro Cívico, en avenida Presidente Illia 1101, con la promesa de que iban a ser atendidos por funcionarios de la cartera de Educación, puntualmente los esperaba el director provincial de Educación Privada, el contador Rodolfo Fabucci y el equipo de Jurídica del ministerio. Sin embargo, la gravedad del tema, así como la preocupación creada en rededor por parte de la comunidad educativa, hizo que encabezara el encuentro la propia ministra Adriana Cantero, quien escuchó el reclamo y ofreció explicaciones en el quinto piso del edificio por más de una hora y media.
Tras el encuentro, la abogada Carolina Walker Torres, que además de ser mamá de una alumna del establecimiento es querellante en la causa que se sigue contra el docente de música Darío Céspedes, hizo un resumen ante los medios presentes, a los que expresó que “como papás nos quedamos más tranquilos en el sentido que el ministerio está actuando”.
“Nos acaba de confirmar la ministra que se enteraron de todo esto por los medios, es decir que todos los protocolos que la escuela dice haber seguido no se encontraban en el ministerio y se enteraron a partir de la detención del docente”, ocurrida el viernes 28 de febrero último en el marco de una denuncia penal iniciada en julio de 2019 por los padres de un alumno del establecimiento.
Concretamente se tomaron dos acciones, por un lado “iniciaron los sumarios, tanto al docente detenido, como a los directivos y supervisores que estaban en ese momento trabajando. Esos sumarios ya están iniciados, y nos explicaron que en función del principio precautorio, lo primero que se hace es desplazar a las personas investigadas”, señaló la Dra. Walker. La profesional aclaró a su vez que “no se trata de una sanción” sino de una medida “preventiva” hasta tanto se despejen responsabilidades.
Pero “lo que más tranquilos nos deja es que firmaron una resolución conformando un gabinete que va a intervenir en la escuela, que va a estar en forma permanente, y que va a hacer un acompañamiento tanto de las autoridades como de todos los padres y niños en particular”, detalló. Sobre el punto, consultada por su se trataba de una “intervención”, la querellante aclaró que “nos dijeron que no es una intervención sino más bien una acompañamiento y una garantía para los papás, para que estamos tan intranquilos con esta situación”.
Además, informaron que en el transcurso del día se iban a reunir con las autoridades de la escuela San Roque para plantear esta determinación que ha tomado el ministerio. Sobre el inicio de dicha actividad, si bien no hubo precisiones, “nos dijeron que nos iban a informar cuando van a empezar a trabajar”.
Por otra parte, y como alternativa para aquellos que a pesar de todo decidan sacar a sus hijos del colegio, desde Educación se comprometieron en acercar “un listado de escuelas donde haya vacantes para que todo aquel papá que quiera cambiar a sus hijos porque no se queda tranquilo pueda hacerlo sin mayores complicaciones porque ya se inició el ciclo lectivo”.
A propósito de la causa judicial, por la cual se encuentra detenido Darío Céspedes -el docente de música de 38 años- y dos directoras, la representante de la víctima señaló que por el momento “es un caso” el que fue formalmente atribuido, al primero como autor de delitos contra la integridad sexual de un alumno y a las dos restantes por el presunto encubrimiento agravado de dicho accionar. “El primer hecho es de noviembre de 2018 y es el principal que desencadena todo esto”, resaltó, aunque agregó que “a partir del sábado hay 9 casos más de niños que fueron presuntamente abusados por el profesor. Algunos de una gravedad similar” al que ya fue debidamente judicializado.
Las fiscales Alejandra Del Río Ayala y María Celeste Minniti le atribuyeron la autoría del delito de encubrimiento agravado a la exdirectora y a la actual directora del jardín de infantes San Roque. La imputación se llevó a cabo este martes sobre el mediodía en una audiencia que estuvo a cargo del juez Pablo Busaniche. Una de las imputadas es una mujer de 49 años cuyas iniciales son CFL, quien era la directora de la institución educativa en 2018. Por su parte, la otra mujer investigada tiene 36 años, sus iniciales son EK, era la vicedirectora en 2018 y es la actual directora del establecimiento.
“La atribución delictiva que concretamos es porque entendemos que, con su accionar, las dos imputadas interfirieron en la persecución penal del profesor de música de la institución al que se investiga como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de un niño que asiste al mismo establecimiento”, explicaron las fiscales Del Río Ayala y Minniti. En tal sentido, las fiscales agregaron que “ambas incumplieron obligaciones que tenían como directora y vicedirectora de la institución”.
En la audiencia, las funcionarias del MPA detallaron que “el martes 13 de noviembre de 2018, la madre del niño abusado le manifestó a la directora y a la vicedirectora que su hijo tenía lesiones físicas compatibles con agresiones sexuales”. También precisaron que “el jueves 22 de noviembre conocieron a través de audios de WhatsApp de algunos padres que la acusación de abuso era para el docente de música. Lo mismo fue manifestado a las dos mujeres por los padres del niño abusado el lunes 26 de noviembre”.
“En ninguna oportunidad, ni la directora ni la vicedirectora realizaron la correspondiente denuncia penal. Además, el docente continúo dando clases desde noviembre de 2018 hasta agosto de 2019 y no tomaron los recaudos necesarios para que la víctima y otros niños no estuvieran en riesgo”, sostuvieron las fiscales.