La causa seguida contra quien fuera el Jefe del Área Pericial de la Policía Científica de la Unidad Regional XVIII (departamento San Martín), acusado de una gran variedad de delitos, se encamina al juicio oral y público. La fiscalía solicitará una condena a 20 años de prisión.
Se trata de Marcelo Alejandro Gómez (49), quien fue imputado a finales de 2018 y después de pasar un período en prisión preventiva recuperó su libertad, estado en el que llegará al juicio. La fiscal Rosana Marcolín lo acusó de un total de ocho delitos, cinco reiterados y en un contexto de violencia de género, y los otros tres vinculados a su profesión.
La investigación inició a raíz de la denuncia de dos mujeres, de 19 y 24 años, con las que Gómez estuvo en pareja en simultáneo, y que tras ser violentadas "se dieron coraje entre sí" para sacar a la luz lo que les había sucedido. Amenazas coactivas y agravadas por el uso de arma, lesiones y abuso sexual -a veces agravado por el uso de arma-, son los delitos acusados que las tienen como víctimas. Según el escrito fiscal, estos se reiteraron durante un período de 6 meses en el caso de una de las jóvenes, y por 7 meses en el de la otra.
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En la acusación formal, que fue admitida por el juez Pablo Ruíz Staiger, la fiscalía describió el accionar endilgado a Gómez: golpizas reiteradas, quemaduras con un cigarrillo, cortes con cuchillo, patadas en las piernas y azotes contra una pared.
También amenazas, cuyo objetivo era evitar que ellas terminaran la relación con él: "Si vos me dejás te voy a buscar y te mato"; "No ves que yo se todo, te estoy siguiendo con el GPS"; "Si me vas a gorrear sé más viva, desactiva el GPS, te voy a matar"; "Van a ser unos meses -preso- y salgo y se entierran las putas". Las manifestaciones eran tanto en persona como a través de audios de whatsapp, y en algunos casos eran proclamadas con un arma en la mano.
A todo esto se le sumó, en el caso de ambas víctimas, la comisión de "actos sexuales aberrantes con accesos carnales no consentidos, violentos y reiterados". La fiscalía señaló que "Marcelo Gómez ejerció violencia de género, con conductas que se ajustan a los patrones patriarcales de vinculación violenta entre un sujeto con supremacía, el imputado, y otra subordinada, la víctima".
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Además de su género, "el imputado también utilizó su condición de policía jerarquizado y autoridad con carácter intimidatorio para cometer todos estos actos, convenciendo a las víctimas de que su empleo le otorgaría impunidad, sumándose otro obstáculo más para que sus víctimas decidieran acudir a la justicia".
Trabajos incompatibles
A Marcelo Gómez también se lo acusó de haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el escrito presentado por la fiscalía se detalló que entre 2011 y 2014, tanto en San Jorge como en Piamonte y en localidades de la zona, Gómez se desempeñó como perito criminalístico, primero como jefe interino y luego como Jefe del Área Pericial de la Policía Científica de la Unidad Regional XVIII del departamento San Martín.
Mirá tambiénNadia Soperez: "Trabajé mal y estoy purgando mi condena"En ese marco, "intervino en la redacción de informes y pericias, a los fines de ser agregados como evidencia judicial a los sumarios policiales de causas por lesiones y homicidios culposos en accidentes de tránsito", para ser remitidos a los juzgados correspondientes.
De forma paralela, realizó "informes criminalísticos de los mismos hechos para diferentes compañías de seguros, entrevistando asimismo a las víctimas e imputados en representación de un estudio jurídico". Se desempeñaba en dicha firma como empleado, con labores remuneradas, a la par de su empleo en la policía de Santa Fe.
Testimonios revictimizantes
El 22 de junio de este año el juez Pablo Ruiz Staiger admitió la acusación formal, así como las pruebas con las que la fiscalía contará en el juicio. También admitió tres testigos presentadas por la defensa -a cargo del Dr. Ignacio Carbone-. Esto último fue recurrido por la fiscal.
La Cámara de Apelaciones resolvió el 26 de agosto que esas declaraciones resultaban impertinentes. El juez de segunda instancia Fabio Mudry indicó que "es cierto que asiste a la defensa y está en cabeza del imputado el principio básico y fundamental de la libertad probatoria; pero que debe ser evaluado en este caso bajo criterios de armonización con el derecho de las posibles víctimas a no ser precisamente revictimizadas como producto de la aplicación de estereotipos".
Tras el análisis de las declaraciones previas brindadas por las testigos propuestas por la defensa, el camarista concluyó que "no se observa que puedan las mismas hacer aporte alguno en orden al esclarecimiento de la verdad de lo que ocurriera en la intimidad de las relaciones entre Gómez y las dos mujeres denunciantes".
Con esta resolución, sólo resta que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha para el juicio, en el que la fiscal Marcolín solicitará que Gómez sea condenado a 20 años de prisión.
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