La compra por más de medio millón de dólares de una mansión en el barrio privado El Paso de Santo Tomé, volvió a poner en la mira de la Justicia el nombre de Vicente Matías Pignata. El joven empresario, recientemente vinculado al negocio de la fruta de carozo en la provincia de Mendoza, tuvo un desmesurado crecimiento patrimonial en los últimos años y aunque desde su entorno se esmeran por justificar el origen lícito de sus ingresos, pesan sobre él dos pedidos de captura: por el presunto delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y por una condena por comercialización de estupefacientes que nunca cumplió.
El miércoles 13 de marzo fuerzas especiales de la Policía Federal Argentina provenientes de Buenos Aires, allanaron la denominada “unidad funcional N° 343” del barrio cerrado ubicado a la vera de la autopista Santa Fe Rosario, donde el supuesto narco se radicó junto a su familia el 9 de noviembre de 2017, luego de que su propietario, el basquetbolista Carlos Delfino, decidiera desprenderse del inmueble en medio de un conflicto legal con la administración del complejo.
Allí fue detenido el suegro de Pignata, Ramón Darío Campos, a quien la PFA identificó como el “Colo”; en tanto Elizabet Yanina Campos, hija del detenido y esposa del buscado, también quedó vinculada a la causa, aunque en libertad. El mismo día se allanaron otros cuatro domicilios; entre ellos una finca en la localidad de Bowen, provincia de Mendoza; una casa de fin de semana en Santa Rosa de Calchines, y dos inmuebles en barrio Sargento Cabral y Colastiné Norte de Santa Fe.
Tras no poder dar con el “nuevo vecino”, la misma mañana de los allanamientos, el Fiscal Federal N° 2, Walter Rodríguez, lanzó un pedido de colaboración a los medios de la zona, anunciando su pedido de captura. El comunicado, en el que se adjunta una foto de Pignata, explica que está siendo investigado en una causa “relativa al delito de narcotráfico y al blanqueo de capitales” bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, y radicada en el Juzgado Federal N° 2 de Francisco Miño.
En dicho juzgado, entre el jueves 14 y el miércoles 20 de marzo, el juez Miño le tomó declaración indagatoria a tres de los cinco investigados. El primero fue el suegro de Pignata -Ramón Campos-, quien quedó detenido y su defensa aguarda que se resuelva la situación procesal para decidir los pasos a seguir. Además de su presunta responsabilidad en las maniobras de lavado -puso a su nombre vehículos transferidos por su hija-, habría frustrado la detención de su yerno a fines del año pasado, al avisarle que iba a ser allanado.
El viernes 15 de marzo declaró la esposa del prolífico empresario, quien reconoció los bienes que figuran a su nombre como propios y explicó que son el producto de una trayectoria comercial que asegura poder justificar. Finalmente fue detenida el viernes 22 por la tarde, en las inmediaciones del country.
En último turno declaró Carlos Daniel Delfino, a quien se le atribuyó, a través de la venta de la casa, haber contribuido en el ocultamiento de un bien adquirido con dinero del narcotráfico. Ocurre que Delfino padre, es el administrador de una sociedad offshore radicada en Uruguay a nombre de la cual se encuentra inscripta la vivienda de El Paso, que fue la última “joya” adquirida por el matrimonio investigado.
Queda pendiente para las próximas semanas la declaración indagatoria del basquetbolista Carlos Delfino, que juega actualmente en la liga italiana, país donde reside junto a su esposa e hijos. Según trascendió en distintos medios, el ex NBA y emblema de la Generación Dorada, se puso a disposición de la Justicia para poder aclarar su situación cuanto antes, ya que también habría intervenido en la operación inmobiliaria.
Con apenas 34 años, Vicente Pignata se convirtió en “el último pez gordo” que falta atrapar, de una lista de narcotraficantes que se inicia con la detención del “Zurdo” Sergio Villarroel de Alto Verde; lo sigue el sargento de policía Edgardo Oscar Baigoría, cuya banda tenía base en Santo Tomé; y culmina con el rosarino Luis Paz, quien desde hace algunos años se había radicado en el country Los Molinos de la capital provincial.
A diferencia de los otros, quienes investigaron a Pignata aseguran que no tiene el perfil del narco común. “Es muy astuto, muy vivo, se mueve distinto a los otros”. Además “es familiero” y hasta hace poco “no levantaba la cabeza”; “se movía en un Sandero” y “parecía clase media-baja”, confió una fuente.
Justamente por ese carácter reservado, la Justicia no pudo hasta ahora obtener pruebas habituales que lo liguen al negocio de las drogas, como lo son las escuchas telefónicas y el secuestro de estupefacientes, a excepción del antecedente condenatorio por infracción a la Ley N° 23.737.
Entonces la pregunta que cabría hacerse es: ¿Por qué se lo investiga? y “¿Cuáles son los elementos de cargo para acusarlo de narcotraficante?
La respuesta encuentra respaldo en el pedido de detención y declaración indagatoria que el fiscal Walter Rodríguez solicitó el 13 de marzo al juez competente y ante la verosimilitud del hecho, éste actuó en consecuencia.
La hipótesis delictiva tiene como fecha de inicio el 24 de junio de 2011 -hace casi ocho años-, cuando la delegación local de Policía Federal detuvo a Pignata en las calles del barrio Roma, a bordo de un Fiat 147 Vivace color beige (a nombre de su mujer), con 220 gramos de cocaína, 1,248 kg de marihuana, 15 troqueles con LSD, un arma de fuego y $ 5.000. Por ese caso fue condenado en 2017 a 4 años de prisión por el Tribunal Oral Federal, en un juicio abreviado que luego fue apelado y quedó firme recién en marzo de 2018.
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Para la Fiscalía, Pignata y su entorno han dado muestras, en todo ese lapso, de un crecimiento patrimonial descomunal e injustificado por las vías lícitas. Hasta la fecha de su detención en 2011, lo único que tenía a su nombre era una camioneta y alquilaba una casa de calle Freyre al 1900. Frente a la Afip estaba inscripto como Monotributista, en la Categoría “G” donde ofrecía “servicios de informática” en su carácter de “técnico”. Y aunque entre 2010 y 2016 no aportó como monotributista, pasó en noviembre de 2017 a ser Responsable Inscripto frente al ente recaudador, como productor de frutas de carozo en la localidad de Bowen, provincia de Mendoza; para recién en 2017 y 2018 realizar las primeras contribuciones en concepto de pago de IVA.
Como parte de la maniobra de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, el fiscal Rodríguez incluyó a la esposa del buscado, Elizabet Yanina Campos, la cual tenía un negocio de venta de artículos para bebé y también estaba inscripta como Monotributista bajo el concepto de “servicios inmobiliarios”.
Además, durante el período investigado, la mujer, junto con su padre Ramón Campos y Pignata, tuvieron a su disposición una flota de 13 vehículos: una moto, un Peugeot 206, un Peugeot 307, una camioneta Kia Soul, una Renault Master, una Volkswagen Tiwan, una camioneta Ford Ranger con autorización de manejo, un Jeep Wrangler Sport, un auto Fiat Uno Fire, una camioneta RAM 1500, un auto Citrën C4 Lounge, un Toyota SW4 y un Mitsubishi Triton. Algunos fueron vendidos, otros transferidos al padre y suegro de los acusados y el resto estaban a nombre de terceros, pero con autorizaciones de manejo en favor del matrimonio.
A modo de anécdota, en 2013, cuando fue detenido y luego liberado por la Justicia provincial en otro procedimiento en una casa de calle Gobernador Freyre al 1400, Pignata era inquilino y al poco tiempo adquirió una importante casaquinta en Colastiné sobre calle Las Magnolias al 6800. Desde entonces, su acervo en propiedades no paró de crecer. Adquirieron una casa en calle Sarmiento al 5200 -esquina Martín Zapata- del barrio Sargento Cabral; una casa-quinta en Santa Rosa de Calchines ubicado en pasaje Dos Ombúes; otro inmuebles en Colastiné Norte, en Ruta N° 1 al 5400; otro en calle 5 entre 6 y 8; una finca de alrededor de 10 has en Bowen, Mendoza; y la Unidad Funcional 343 del barrio cerrado El Paso de Santo Tomé.
Sólo por la última adquisición, realizada en noviembre de 2017, el matrimonio Pignata llevaba pagados unos 500 mil dólares, que en moneda nacional rondarían los 20.000.000 de pesos, una suma que no encuentra respaldo en operaciones comerciales legales de la familia Pignata-Campos.
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A los efectos de proporcionar datos del actual paradero de Vicente Matías Pignata, se encuentran disponibles para recibir llamados los abonados N° 342-4595949 y N°0342-4598494 en el horario comprendido entre las 7 y 14 hs., o el correo electrónico [email protected], o pueden acercarse personalmente a la sede ubicada en Monseñor Zaspe 2766, planta alta, ciudad de Santa Fe en el horario comprendido entre las 7 y 14 hs.
El 8 de marzo de 2017 Vicente Matías Pignata (34) fue condenado en un juicio abreviado a la pena de 4 años de prisión y multa de $ 4.000 por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” en carácter de autor. La sentencia impuesta por el Tribunal Oral Federal que integran los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, se dictó en el marco de un acuerdo alcanzado por el fiscal general Martín Suárez Faisal y los abogados Natalia Giordano y Claudio Torres del Sel. Sin embargo, la defensa formuló un planteo de nulidad que fue rechazado y la sentencia quedó firme recién el 27 de marzo de 2018 con la desestimación del recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pignata quedó bajo la mira de la Justicia luego de que la Policía Federal lo detuviera el 24 de junio de 2011, arriba de un Fiat 147 color beige en el que vendía drogas de diferentes tipos y especies en los barrios de la zona Oeste de la ciudad.
Esa noche, el vehículo frenó por avenida Freyre y calle Moreno, donde el conductor extendió sus brazos para alcanzarle a otros dos sujetos un paquete por el que se cree que recibió un dinero. Apenas finalizó la operación, el 147 retomó su marcho rumbo al oeste, donde fue nuevamente divisado en calle Santiago de Chile y Corrientes, con otro sujeto que metía la cabeza por la ventanilla del acompañante. Quienes lo perseguían esperaron a que finalizara la operación y apenas el comprador salió caminando en sentido opuesto, los uniformados cayeron sobre ambos.
Entre los elementos secuestrados había: 10 envoltorios de cocaína debajo de la alfombra, 15 troqueles de LSD, una pistola Bersa calibre 22 cargada y con bala en la recámara, dos cargadores completos, otros 58 envoltorios con cocaína y tres trozos rectangulares de marihuana (en total 220 gramos de cocaína, 1,248 kg de marihuana y 15 troqueles con LSD).
El 11 de julio del mismo año fue procesados por “transporte y comercialización de estupefacientes”, con prisión preventiva. Y un mes después -12 de agosto de 2011- fue beneficiado con la excarcelación. El 12 de abril de 2012 la defensa plantea la nulidad del procedimiento, pero la causa fue elevada a juicio y el tribunal fijó para el 21 de febrero de 2017 el debate oral, que se suspendió ante las negociaciones para firmar un abreviado.