El programa de Intervenciones Barriales Focalizadas (IBF), que presentó el Gobierno provincial a fines de febrero y que en la ciudad capital se desplegó en barrio San Lorenzo y en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, tiene su razón de ser en dos objetivos: disminuir los índices de criminalidad y de delitos altamente lesivos, y pacificar esa barrio intervenido para mejorar los lazos de convivencia social.
En la teoría, suena fácil; en la práctica, la historia es otra. Es que el Estado con todos sus dispositivos (no sólo de seguridad) desembarca en un sector “caliente” y se encuentra con muchas aristas que hacen a “lo naturalizado” -como el búnker de drogas, por ejemplo- y los temores del cuerpo social, los vecinos en su conjunto, respecto de los grupos delictivos.
Pero además, se relevan las dificultades en los accesos a servicios básicos, a cloacas o agua potable, y a líneas de transporte público; la escasez de espacios de alfabetización y lúdicos para los chicos, entre otras demandas insatisfechas.
Asesorías
También están las cuestiones más prácticas. En la última IBF realizada para celebrar el 9 de julio, los vecinos de Chalet, Arenales y San Lorenzo pudieron acceder a consultas para hacer el DNI y partidas de nacimiento; tuvieron asesoría jurídica; talleres de oficio gratuitos; información sobre el Centro de Denuncias y Atención a Víctimas y la Central 911, y orientación sobre consumos problemáticos; etcétera.
Una niña juega y aprende a una “rayuela vial”. Fue días atrás, en una IBF para celebrar el 9 de julio. Crédito: Archivo El Litoral
Pero, ¿cómo el Estado provincial articula sus dispositivos para proceder en una Intervención Barrial Focalizada, que es una instancia compleja? Quien respondió esa respuesta con todos los detalles fue José Felice, Director Ejecutivo del Programa Provincial de IBF.
Lo hizo en el marco del “Hábitat en clave metropolitana y sostenible. Camino a la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe. Capítulo Santa Fe-Argentina”, que se realizó días atrás en la Estación Belgrano.
Decisión política
“La IBF es una iniciativa que se enmarca en la decisión política que tomó el gobernador (Maximiliano Pullaro), a los efectos de pacificar y bajar los niveles la violencia, generando mejor convivencia sobre todo en los dos conglomerados urbanos más importantes de la provincia, Rosario y Santa Fe”, dijo el director.
Esto en línea con un mejor servicio judicial, una mayor operatividad policial en las calles, y con el horizonte en el ordenamiento del Servicio Penitenciario. “Cuando asumimos la gestión, encontramos situaciones bastante dramáticas en varias áreas del Estado; todo eso es lo que se intenta revertir”, agregó.
Etapas
El primer peldaño del programa es, como se dijo, bajar los índices de violencia altamente lesiva. La primera experiencia en esta capital fue en barrio San Lorenzo. Allí, luego del despliegue del plan y según aseguraron fuentes del gobierno provincial bajaron un 65% los hechos de violencia altamente lesivos.
Se definieron estrategias entre las diferentes agencias del Estado, particularmente el municipio de la ciudad de Santa Fe, el Ministerio Público de Acusación (MPA) y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de los Ministerios de Justicia y Seguridad y de Igualdad y Desarrollo.
En la ciudad de Rosario, el programa se implementó inicialmente en dos barrios “críticos”.
Uno de los objetivos centrales del programa fue contar con información que sea válida y confiable, para tener un punto de partida, un diagnóstico. “Entonces, esa fue la primera tarea a la hora de pensar el diseño y la implementación del programa”, agregó Felice. Y una tercera etapa consiste en consolidar las acciones en el territorio pensadas en el largo plazo.
“En la primera etapa se firmó un convenio macro, para el acceso a esa información que es sensible, pues cuesta generar la confianza necesaria en las agencias de Estado, mucho más cuando tenemos que abrir el juego y articular con otras agencias”, admitió Felice.
Diagnóstico multiagencial
Lo segundo fue la construcción del diagnóstico multiagencial. Básicamente se analizaron los indicadores de violencia altamente lesiva: homicidios, heridos por armas de fuego y por arma blanca. Otro indicador que se incorporó fue el de los disparos. Aquí se utilizó como fuente al 911. Esos cuatro indicadores fueron el centro de todo.
“Pero lógicamente el diagnóstico multiagencial tenía relación, también, con qué estaba pasando en el territorio respecto de la infraestructura, las trayectorias de vida de las familias, las capacidades estatales existentes, qué pasaba con el transporte público y los espacios públicos, entre otros aspectos. Con esta información, logramos un diagnóstico robusto”, expresó el director.
Mapeo
La ciudad de Santa Fe se mapeó respecto de cuál es la situación por territorio. Así, se focalizaron ocho zonas “críticas” o “prioritarias”. “Los indicadores antes referidos, sumados a los de vulnerabilidad social y falta de acceso de servicios esenciales se abordaron entre todas las agencias del Estado”, explicó el funcionario.
“Cuando se focalizó la ciudad de Santa Fe, encontramos muchos cuadrantes; pero la violencia no está dentro de los límites de un barrio determinado, sino en zonas o áreas. A veces también esa violencia está en esquinas, cuadras, lugares específicos que no respetan ninguna jurisdicción de las vecinales. Con todo, tratamos de hablar de territorios o zonas de intervención”, aclaró Felice.
Plan Abre
Como se dijo, la prioridad del programa de IBF es reducir los niveles de violencia altamente lesiva. Pero la otra “pata”, la social, fue el acompañamiento por parte de la provincia al trabajo de las organizaciones sociales. En este aspecto se hicieron capacitaciones entre los equipos mixtos.
En este sentido se desplegó el Plan Abre, relanzado en febrero por el gobernador Pullaro y que apunta a abordar de manera integral las diversas problemáticas de barrios vulnerables a través de obras de infraestructura y programas de inclusión educativa, capacitación y proyectos socioproductivos.
Celeste y blanco. Los vecinos de San Lorenzo “tomaron pacíficamente” las calles para celebrar la fecha patria. La IBF logró su cometido. Crédito: Archivo El Litoral
Los operadores territoriales hicieron un relevamiento social que fue un elemento técnico muy gravitacional. Allí aparecieron las carencias en niñez, discapacidad, personas mayores. “Los casos fueron siendo derivados a las agencias del Estado correspondientes. Por ejemplo, se asesoró en controles de salud, realización de DNIs y demás trámites”, agregó.
“El Estado está presente porque el Centro de Salud está abierto, la escuela está abierta... Lo que sucede es que dentro de la impronta del programa de IBF, debemos detectar cuáles son las capacidades de alcance que tienen los dispositivos estatales, con la intención de poder abordar situaciones que son cada vez más complicadas”, adujo Felice.
Ocurre que al lograr “calmar y bajar” el nivel de circulación de violencias, empiezan a emerger otros tipos de problemáticas (socioeconómicas, educativas, culturales, etcétera, déficit habitacionales, regularización dominial). Estas son todas cuestiones que necesitan determinados abordajes.
A partir de la IBF, se disparan ante esas demandas otros dispositivos de planificación, como por ejemplo los equipos técnicos del Ministerio de Educación, o de Obras y Servicios Públicos, más todas las áreas de las Municipalidad que tiene trabajando en el territorio, como por ejemplo Políticas Sociales.
La tercera
“Hoy podemos decir que nos encontramos, después de casi seis meses, en una tercera etapa de implementación del programa. Uno de los desafíos es cómo generar una intervención que sea eficaz, pero teniendo en cuenta lo que significa la violencia y qué causa (más marginalidad y pobreza). Por eso, este dispositivo multiagencial y el Plan Abre, entre otras instancias, son también bastiones del programa”.
Por último, el director ejecutivo resaltó lo que fue la experiencia en el barrio San Lorenzo: “Para nosotros fue central la articulación con la Municipalidad, respecto de dónde llevar todos los dispositivos en ese barrio, qué espacios públicos mejorar y qué otras acciones planificar”, aseveró.
José Felice (en el centro), Director Ejecutivo del Programa Provincial de IBF. Crédito: Gentileza Concejo
En este aspecto, calificó de importante consolidar la Mesa de Gestión Territorial. “El convenio macro del programa tiene la mesa de equipos técnicos; pero también una ‘pata’ central que hace referencia a marcha una Mesa de Gestión Territorial del programa”.
Aquí deberían sumarse los docentes y directivos de las escuelas, las organizaciones de la sociedad civil, los CICs, los centros de salud, etcétera. “Esto será el próximo desafío del programa de Intervenciones Barriales Focalizadas, a lo cual se sumarán acciones de mejoras en las infraestructuras barriales: luminarias, redes cloacales, apertura de calles y más líneas urbanas”, concluyó José Felice.