Con la problemática de las ocupaciones ilegitimas y las usurpaciones de inmuebles en diferentes lugares de nuestra ciudad como eje, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre las autoridades provinciales, municipales, del Concejo Municipal y del Ministerio Público de la Acusación (justicia).
La misma se realizó este miércoles por la mañana, en Recinto de Sesiones del Concejo, Salta 2943, en el marco del decreto 960, tras una iniciativa del concejal Carlos Suárez. "Las usurpaciones y ocupaciones ilegitimas son algo recurrente este año, por eso entendimos que para poder abordarlo debidamente era necesaria la conformación de una mesa que represente a todos los niveles del Estado, y desde la responsabilidad de cada uno plantear qué se puede hacer para resolverlo", señaló el edil.
"El problema tiene dos aspectos: por un lado, cómo hacemos para prevenirlo y qué hacemos cuando ocurren; y, por otro lado, resolver qué hacer en sectores donde las ocupaciones se consolidaron y es claro que no pueden permanecer allí, como ocurre en los reservorios o sobre defensas contra inundaciones", agregó Suárez.
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"Queremos conocer en detalle el protocolo de actuación dispuesto para estos casos", dijo el edil. Para ello asistieron a dicha reunión el representante de Hábitat del gobierno provincial, Francisco Alba; y del su par municipal, Paola Pallero, quien estuvo acompañada por la secretaria de Control, Virginia Coudannes. Además, asistió como representante del MPA el fiscal Regional Carlos Arietti. En el recinto intervinieron también como anfitriones los concejales de la ciudad.
Pallero explicó con didáctica que "terminado de construir el protocolo (que está en proceso de elaboración), hay dos instancias muy claras para determinar cuándo debe actuar cada uno. Una es municipal, y es preventiva. Y otra instancia "que surge a partir de las denuncias", que "se complementa con la otra y es multiagencial. En primer lugar tiene que ver con el Ministerio de Seguridad y con el MPA y los fiscales, y con las distintas agencias del Estado provincial".
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-Si se aplica este protocolo, cuando ocurra una usurpación, ¿qué va a pasar?
-Ya lo estamos aplicando, en colaboración continua con los fiscales de turno, la policía y con organismos del Estado en sus tres niveles, porque hay terrenos que son nacionales -respondió Pallero.
"Lo que está sucediendo es que, si bien el tema de las usurpaciones era una problemática que venía llevándose adelante, la pandemia y la inactividad económica lo profundizó aun más, con el derrame poblacional y los hacinamientos en hogares", explicó la funcionaria de Hábitat municipal. "Entonces debemos estar alerta", agregó.
Luego indicó Pallero que en lo que va del año "se desactivaron 57 usurpaciones" a un ritmo "de una a tres por día". Y dijo que "no todas implican una necesidad real, sino que también hay una especulación económica por detrás".
-¿Qué pasa con la usurpación del CIC de Facundo Zuviría?
-Es uno de los temas prioritarios que precisan una respuesta integral. El desalojo no se pudo cumplir. Pedimos una respuesta al juzgado para que nos expliquen qué pasó pero todavía no la obtuvimos. Nos piden que tengamos una propuesta para el día después, es decir, que haya un proyecto a ejecutar en el lugar. Para ello necesitamos la posesión de los terrenos, que pertenecen a Vialidad Nacional.
Otro de los terrenos nacionales con una ocupación ilegal de larga data es el predio ferroviario ubicado en Pedro Ferré y Vélez Sarsfield, conocido como La Carbonilla.