Jueves 3.6.2021
/Última actualización 14:08
La rutinaria lectura de las resoluciones y decretos del gobierno nacional, y en particular de las referidas al sector eléctrico, tiene un bello lunar en la primera sección del Boletín Oficial de la última semana de mayo. La novedad es que a no será de "mil millones de australes" el máximo permitido para aplicar multas a algunas empresas del sector eléctrico, sino que esa cantidad estará finalmente en pesos.
La historia reciente de 29 años de devaluaciones y frustraciones económicas del país, con ciclos de inflación, híper, convertibilidad uno a uno con el dólar y luego lo mismo, pero siempre peor, se plasma en términos económicos en el anexo de la resolución 139/2021 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, que se ha ocupado de aprobar una "Metodología de Actualización de los Montos Mínimos y Máximos establecidos en el artículo 77 de la Ley N° 24.065", sancionada en diciembre de 1991 y promulgada en enero de 1992.
Para esa operación matemática se ha elegido uno de tres métodos propuestos por un área técnica del Ente. Los dos desechados convertían con distintos parámetros a los australes en megavatios (MW), para encontrar una fórmula rápida de actualización según su valor en el Mercado Eléctrico Mayorista, que el sector maneja con facilidad. Se optó por el criterio que usa otro ente nacional de control, el Enargas, de acuerdo con la evolución del Índice de Precio Internos al por Mayor elaborado por el Indec.
"Resulta evidente que nos encontramos, en el caso del Régimen Eléctrico, frente a una laguna normativa u omisión involuntaria del legislador que es preciso reparar a través del procedimiento de analogía", indica la resolución al hablar de las casi tres décadas de omisiones en el Ente Regulador, los sucesivos gobiernos y el Congreso de la Nación.
La resolución que finalmente lo ha hecho se ocupa de repasar la doctrina existente en la Justicia, e incluso, por vía del derecho comparado, cita normas españolas para la resolución de conflictos por leyes que han perdido con el tiempo su sentido original.
Lo curioso es que en el caso del sector eléctrico pasaron unos pocos meses para que la ley quedara desactualizada, justo en el capítulo de las multas de su marco regulatorio, que creó las condiciones para la concesión de los activos hasta entonces en poder del Estado Nacional.
La ley mencionada es posterior a la de Convertibilidad (N°23.928) que, dicho sea de paso, nació con el austral en vigencia.
En el Estado las cifras hablan. Hoy las leyes argentinas están unos 3.500 números arriba del que recibió aquella norma que tiene el 24.065, muy de la década del '90 y pensada para las privatizaciones del peronismo. (Hoy las leyes van el 27.600 y pico).
Siempre los considerandos son más interesantes que lo que finalmente cuenta para el Estado, que es la parte resolutiva que en muy pocas ocasiones es noticia. En los fundamentos del decisorio firmado por María Soledad Manin, la presidenta del directorio del Enre, se explica que la Ley N° 24.065, publicada el 22 de enero de 1992, dispone en su artículo 77 que "las violaciones o incumplimientos de la presente ley y sus normas reglamentarías cometidos por terceros no concesionarios serán sancionados con: a) Multa entre australes un millón (A 1.000.000) y australes mil millones (A 1.000.000.000)".
La letra "A" se usaba para abreviar "australes". Cuando en tiempos de Raúl Alfonsín se cambió el peso ($ ) por esa moneda se estilaba encimarle a esa letra un guion corto, de modo que la V invertida quedara atravesada por dos rayitas: con las máquinas de escribir eso era posible.
El presidente tenía las mismas iniciales de República Argentina y eso se había usado en la campaña de 1983. Ahora también el circulante llevaba la primera letra del abecedario.
Lamentablemente, pronto los australes solo tuvieron valor para las colecciones numismáticas, gracias el proceso hiperinflacionario y el estallido social con saqueos que terminó con un muerto y el gobierno de Alfonsín. Carlos Menem ya había sido electo y debió anticiparse el traspaso del mando.
"Dichos montos mínimos y máximos se encuentran vigentes a la fecha sin que hayan sido actualizados desde el año 1992", dicen los considerandos y agregan que "se estima necesario adoptar las medidas pertinentes en orden a preservar el valor real de esas sanciones y, consecuentemente, las finalidades del régimen sancionatorio establecido por el legislador en el artículo 77 de la Ley N° 24.065; ello, con el objeto de que las penalidades allí contempladas no se tornen ilusorias ante violaciones e incumplimientos de las normas reglamentarias".
De inmediato aclara que ese máximo en las multas "no opera para las transportistas, por aplicación de su Régimen de Calidad de Servicio y de su Contrato de Concesión, así como para los distribuidores y Grandes Usuarios por aplicación de la Resolución ENRE N° 475 del 8 de octubre de 2002, lo que pone de manifiesto una desigualdad que amerita atención".
Aunque la resolución no lo dice, sólo el sector de la generación parece haber sido alcanzado por los montos máximos para sus multas expresados en australes.
La resolución revisa fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre servicios públicos y del régimen de aduanas en los que también las multas previstas por la ley tenían valores que la inflación convirtió en ridículos o inexistentes.
El Ente concluyó que "la actualización del valor de una sanción no supone fijar uno nuevo" sino "preservarlo", tenido en cuenta el que tuvo en cuenta "el legislador al momento de dictarse la norma". En otras palabras, no pueden agravarse las multas.
Luego cita el marco regulatorio del sector del gas (Ley Nº 24.076, de mayo de 1992) que previó multas de entre $ 100 y $ 100.000, al que toma como "un supuesto equivalente" normativo.
Se trata de pesos que ya para entonces eran iguales a dólares, un valor que hoy todos entienden sin necesidad de conversiones a megavatios o complejas tablas de índices de precios. El margen para las sanciones es por fin sensato.
Las leyes que permitieron las privatizaciones del sector eléctrico y del gas son muy seguidas y posteriores a la de Convertibilidad del austral, que estableció la equivalencia entre 10.000 australes y un dólar.
Para cuando se terminó de votar la ley 24.065, que permitió la concesión de las empresas del sector eléctrico, el 19 de diciembre 19 de 1991 todavía no se había pasado del peso al dólar. Ley 24.076 que creó el marco regulatorio del sector del gas es del 20 de mayo 20 de 1992 y fue promulgada el 9 Junio de ese año.
En cambio, para la sanción de la ley 24.076, de privatizaciones y marco regulatorio del gas natural por redes, el 20 de mayo de 1992, ya el peso equivalente al dólar reinaba en el país, y lo haría por 11 años.