El Litoral
El presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, tendrá el miércoles una primera muestra del poder de movilización de los principales sindicatos del país, que convocaron a una huelga en rechazo a un plan de ajuste fiscal que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa.
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Alvarado, que asumirá la presidencia el 8 de mayo, se reunió con los dirigentes sindicales el 17 de abril pasado y les pidió moderación, pero no logró detener los llamados a la huelga.
Algunos de los gremios se mostraron cercanos al Gobierno del presidente saliente Luis Guillermo Solís, cuyo partido Acción Ciudadana (PAC) respaldó a Alvarado. Sin embargo, el plan fiscal terminó enfrentando a ambas partes.
El secretario general de la Asociación de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, ratificó hoy que las principales centrales gremiales mantiene en firme la convocatoria. "Seguimos adelante, ni un paso atrás", dijo Vargas ante una consulta de dpa.
Los sindicatos amenazan con paralizar los servicios públicos y las actividades en las dependencias estatales, incluidos centros de enseñanza y operaciones portuarias, debido a que el Gobierno no ha aceptado retirar del Parlamento un proyecto de ajuste fiscal que generar mayor recaudación.
Según especialistas, el plan es urgente para paliar un déficit en las finanzas públicas, que en el 2018 superó un 6 por ciento del producto interno bruto y que según el Banco Central podría llegar hasta un 8 por ciento en el 2019 si no se adoptan medidas de contención.
En ese sentido, una comisión especial de la Asamblea Legislativa ya aprobó un proyecto que contempla un impuesto al valor agregado de 13 por ciento (IVA) a los bienes y servicios, y restricciones en pluses y beneficios salariales para los empleados públicos.
Sin embargo, debe ser debatido y avalado definitivamente por el cuerpo, que se renovará en mayo cuando asuman los 57 diputados electos en los comicios del pasado 4 de febrero. Alvarado resultó elegido presidente el 1 de abril, en una segunda vuelta electoral.
La semana pasada, el Gobierno envió al Parlamento enmiendas a su plan, suavizando los recortes en las anualidades reconocidas a los empleados públicos por años de servicio, entre otras medidas.
La ANEP insiste en que luchará en las calles contra lo que denomina "combo" y "paquetazo fiscal que atenta contra la clase trabajadora". Los sindicalistas denuncian que el plan de ajuste fiscal golpeará los bolsillos de los sectores más vulnerables.
Las principales organizaciones sindicales del país, como ANEP y Bussco (Bloque Unitario Sindical Costarricense) advirtieron hace dos semanas que además de la huelga nacional de la próxima semana organizarán paros escalonados en mayo.
El martes pasado, el secretario general de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), Miguel Ángel Gurría, advirtió durante una visita al país que la reforma fiscal es "crucial", para las aspiraciones de Costa Rica de ingresar a ese organismo.
Tras reunirse con autoridades del Gobierno y el propio Alvarado, Gurría dijo que la OCDE espera una reducción del déficit fiscal de un tres por ciento del producto interno bruto en el corto plazo.
Costa Rica arrastra uno de los déficits fiscales más altos de América Latina desde hace más de diez años. El desfase entre ingresos y gastos del Gobierno estuvo al borde de conducir al país a mediados de año a un estado de involvencia financiera.