Las familias de los bebés que perdieron la vida en un hospital neonatal de Córdoba el año pasado, en circunstancias sospechosas, marcharon en conmemoración del primer aniversario de estos trágicos eventos.
A un año de las muertes, marcharon para pedir respuestas ante sospechas de acciones intencionales y cuestionaron el sistema de salud provincial.
Las familias de los bebés que perdieron la vida en un hospital neonatal de Córdoba el año pasado, en circunstancias sospechosas, marcharon en conmemoración del primer aniversario de estos trágicos eventos.
El hospital fue el punto de encuentro, donde se leyó un emotivo comunicado que enfatizaba la búsqueda incansable de justicia y el llamado a una acción ejemplar por parte del sistema legal.
En la manifestación, también se criticó el sistema de salud provincial, resaltando sus deficiencias en la espera del juicio. Los manifestantes expresaron su descontento hacia los funcionarios de salud que no actuaron a tiempo ante las señales de alarma, y que habrían intentado ocultar los hechos bajo el pretexto del secreto de sumario administrativo.
Las familias de las víctimas argumentaron que la responsabilidad no recae únicamente en una sola persona, refiriéndose a la enfermera Brenda Agüero, la única detenida e imputada por las muertes. Sostuvieron que los funcionarios a cargo de seleccionar a los profesionales también deberían asumir la responsabilidad por lo sucedido.
Vanesa Cáceres, madre de uno de los bebés fallecidos, compartió que mantuvieron una reunión con el fiscal Raúl Garzón, quien les informó que la investigación avanza, aunque reconocieron que es un proceso complejo.
El caso salió a la luz pública el 11 de agosto de 2022, cuando se presentaron denuncias por la muerte de cinco bebés que habían nacido sanos en diferentes fechas de ese año. Los informes posteriores determinaron que dos de los bebés fallecidos habían sido víctimas de "hiperpotasemia" causada por una inyección intencional de potasio.
En agosto del mismo año, la enfermera Agüero fue detenida e imputada por homicidio calificado y otros delitos relacionados con la muerte y el intento de homicidio de varios bebés.
Además otros funcionarios, incluido el entonces ministro de Salud provincial y varios jefes médicos y de enfermería, enfrentan acusaciones por omisión de deberes y encubrimiento.
La enfermera Agüero permanece en prisión, mientras las familias continúan luchando por la justicia y buscando respuestas en medio de la tristeza y la indignación.