Por Ricardo Miguel Fessia
Por Ricardo Miguel Fessia
I - Tal como en otros casos, es difícil encontrar una causa determinante, La cronología la iniciamos con los hechos más notorios. El regreso definitivo del General el miércoles 20 de junio de 1973 que fue eclipsado en lo que se trascendió como la "Masacre de Ezeiza" en donde la ortodoxia peronista arremete contra sectores de izquierda y en particular contra los compañeros de "Montoneros".
Con las renuncias formalizadas del Ejecutivo, el domingo 23 de septiembre los argentinos son convocados nuevamente a depositar su voluntad en las urnas que arrojan un guarismo nunca visto: el 61,85% para la fórmula "Perón-Perón".
Dos días después, cuando José Ignacio Rucci salía de su vivienda del barrio de Ramos Mejía, sobre el mediodía, el Torino de la custodia recibe un itakazo en el parabrisas y luego llega una andanada de balas de calibres varios que dejan el cuerpo menudo en la vereda, con un charco de sangre del secretario general de la CGT. Se concretaba la "Operación Traviata" decidida horas después de lo de Ezeiza.
Si bien los detalles eran un secreto, la condena se había hecho pública y no había ciudadano que no supiera del peso del mismo, no solo en cabeza del cegetista, sino de otros colegas sindicalista. Ellos eran los enemigos del "proyecto revolucionario".
Los autores sabían que el golpe era doble: con el primer impacto se cargarían la vida del sindicalista, pero con el segundo, tal vez el más importante, se marcarían los límites al General Perón, que el 12 de diciembre asumiría por tercera vez la presidencia. El ahora finado era una pieza clave en el armado del pacto que se impulsaba entre empresarios y sindicalistas.
II - Apenas anoticiado el leader de la tragedia que le había "cortado las patas", dedujo que su tercera presidencia era el comienzo de los momentos más dramáticos que le esperaban al país. Si bien su obsesión, en este sentido, era el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), supo desde un primer momento que el atentado era de los "Montos".
Tal vez de lo ocurrido en Ezeiza podía encontrarse algún entendimiento, pero el crimen del gremialista más leal fue lo máximo que podía tolerar. En un encuentro le dijo al presidente interino Raúl Lastiri: "Nuestro apoyo y nuestra excesiva comprensión hacia las guerrillas han terminado". En el fuero íntimo, sabía que esa sociedad nunca podía prosperar pero todo aportaba a su regreso. De todos modos semejante follón no se podía sobrellevar.
III - El 1 de octubre de 1973, seis días después del atentado, Perón convocó una reunión que es considerada clave en la escalada de violencia que llegaría. Estaban presentes Raúl Lastiri, su suegro José López Rega, Benito Llambí, ministro del Interior, el senador nacional y secretario general del Partido Justicialista, José Humberto Martiarena, y los gobernadores y vicegobernadores del peronismo, incluidos los que mantenían simpatías y vínculos con los sectores radicalizados.
Cada asistente recibió una copia del "documento reservado", donde se establecían directivas para terminar con el "entrismo de izquierda" en el peronismo. El cónclave se inició con palabras de Martiarena que, en voz alta y con tono severo, sostuvo: "El asesinato de nuestro compañero José Ignacio Rucci y la forma alevosa de su realización marcan el punto más alto de una escalada de agresiones al Movimiento Nacional Peronista, que han venido cumpliendo los grupos marxistas terroristas y subversivos en forma sistemática, y que importan una verdadera guerra desencadenada contra nuestra organización y contra nuestros dirigentes".
La furia de Perón era notoria en el texto. El diario de Timerman, La Opinión, publicó ese documento bajo el título "Drásticas instrucciones a los dirigentes del movimiento para que excluyan todo atisbo de heterodoxia marxista".
IV - En adelante no se argumentarían alambicadas teorías ni se debería recurrir a escabrosos argumentos para interpretar el pensamiento del General. La variada gama de sectores que desde fines de los sesenta operaban en nombre de la ortodoxia peronista, tuvo en este documento los fundamentos más que suficientes para lanzar su potencial logístico contra los "enemigos" mimetizados en los amplios pliegues del gran movimiento nacional y popular. Si tenían legitimidad para la pureza interna, no había motivos para que no lo sea con los de afuera.
Desde la cúpula se anunciaba que la situación del momento era un "estado de guerra", con todas las derivas que ese concepto encerraba. Los gobernadores peronistas -salvo el de Neuquén, que era Felipe Sapag- debían garantizar el cumplimiento de los principios en el territorio por medio de una estructura especial que impidiera por la fuerza cualquier acción contra el gobierno o el movimiento. Estaban habilitados para implementar "un sistema de inteligencia" y a utilizar todos los medios de lucha "que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad".
V - El documento reservado constituyó, de esa manera, el acta fundacional del grupo encargado de desatar una caza de brujas que anticipó lo que vendría desde 1976: la "Alianza Anticomunista Argentina", también conocida como Triple A.
En pleno gobierno elegido por las urnas y por amplia mayoría -en marzo 49,53% y en septiembre mucho más- había llegado la hora de poner en marcha una implacable estructura de "depuración" ideológica, cuyo método violento estaba apañado y pergeñado por el propio Estado.
En las filas de la Triple A, se podían encontrar personas vinculadas a las patotas sindicales, la ultraderecha peronista, otros retirados o exonerados del Ejército, sectores de las fuerzas de seguridad, simples forajidos que participaban por dinero y otros turiferarios. Tan empoderados se los podía advertir, que se conducían con la plena convicción de estar librando una guerra contra grupos cuya pretensión era la eliminación política y física del viejo líder.
VI – Esta organización fue la expresión más ruda de una política reaccionaria que incluyó un progresivo recorte de las libertades democráticas durante el gobierno peronista, con la proliferación de listas negras, intervención universitaria, patotas sindicales, la Juventud Sindical Peronista, la CNU, el Comando de Organización de la JP y otras bandas conexas. Los decretos de "exterminio" en 1975, tanto de Isabel como de Luder, habilitaron la utilización del Ejército en la represión que luego pegó un salto con la dictadura.
Si todo ello pasó, lo que nunca pudo pasar es que los gobiernos que se sucedieron se negaron a investigar hasta el final a la Triple A. Lo que se sabe fue mérito de periodistas y sectores de derechos humanos que se movilizaron y mostraron sus organizaciones y vinculación con la policía, la burocracia y el aparato del estado.
El manto de impunidad apunta a encubrir a sus responsables entre los que hay políticos, sindicalistas, militares. Como referencia, todavía está vigente (cajoneado) el pedido de extradición hacia el gobierno de España para someterla a proceso a María Isabel Martínez de Perón. Tampoco hay cifra oficial de la cantidad de homicidios, desapariciones y atentados que concretó.
VII - Por mucho tiempo se echó a rodar la idea de cargar la responsabilidad sobre los hombros de López Rega como el encargado de crear y financiar esta banda. Claro que "El Brujo", protegido por cierta gloriola, se sentía a sus anchas, pero la idea primigenia se debe al mismísimo Perón. El periodista Miguel Bonasso sostiene que el General estaba convencido de que era necesario un "Somatén" argentino: una especie de cuerpo armado al estilo del grupo parapolicial de autoprotección civil creado en Cataluña en el siglo XII.
En su análisis de los grupos "infiltrados" del movimiento, el General tomaba el ejemplo de la biología: "El germen patológico que invade el organismo fisiológico genera sus propios anticuerpos y esos anticuerpos son los que actúan en autodefensa". Bajo el formato del Somatén o de otro similar, la metáfora lleva a ello. Hay más versiones y todas son aceptables. Pero de lo que no hay ninguna duda es que el "conductor" estaba en conocimiento directo de los hechos.