Doble aprobación y plazos perentorios: cómo quiere la oposición poner límites a los DNU

Que para conservar vigencia, un Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial necesite obtener el respaldo de ambas cámaras del Congreso. Y que si ello no ocurre en un plazo perentorio, la norma quede automáticamente sin efecto.

Tales son los andariveles por los cuales los bloques de la oposición, de manera diversificada en una serie de iniciativas, pero unida en la intención de poner límites a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y coincidente en los parámetros para hacerlo, plantearon el debate en la Cámara de Diputados de la Nación, con la intención de que desemboque en la aprobación de una ley antes del 30 de noviembre.

No se trata de una fecha aleatoria, sino de la que marca el cierre del período ordinario de sesiones. El motivo del apuro, que ya quedó de manifiesto en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidido por el santafesino Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) es intentar que las restricciones estén vigentes al momento en que el Congreso entre en receso, y el Presidente esté formalmente habilitado a dictar los DNU que necesite.

El actual régimen tiene vigencia desde 2006, cuando se sancionó una ley promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner, y hace que solo sea posible dejar sin efecto un decreto con el rechazo de ambas cámaras legislativas. Es decir que si una sola lo respalda, o si ni siquiera lo trata, sigue vigente.

Por ello, la mayor parte de las iniciativas presentadas apuntan a esos dos carriles; en tanto otras persiguen añadir más restricciones a las que ya existen acerca de cuáles son las temáticas que están vedadas al DNU.

Plazos y condiciones

El proyecto del diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, por caso, establece un plazo de 60 días para que la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (cuya integración de ampliaría de 16 a 24 miembros) dictamine sobre la aprobación, rechazo o modificación de los decretos. Si vence dicho plazo sin que la bicameral haya emitido dictamen, las cámaras legislativas podrán tratar el decreto de forma expresa dentro de los tres días hábiles. Pasado este lapso, con todos los plazos vencidos, caducará la vigencia del decreto.

"Discutir y modificar esta ley no es en contra de ningún presidente, es a favor de la República, de las instituciones", explicó Agost Carreño en el plenario. En este sentido, señaló que "es importantísimo que reformemos esta ley" porque "sino el próximo Presidente de la Nación va a sacar un DNU donde va a derogar todos los DNU de este gobierno y va a empezar de cero".

Para el cordobés, "es inadmisible" que en el ordenamiento jurídico y normativo actual "tenga más valor un decreto que una ley. Pedimos que haya dos Cámaras para sancionar una ley y con la firma del Poder Ejecutivo ya tenemos una ley funcionando en la misma jerarquía. Eso es tremendamente dañino para la democracia", consideró.

Más allá de ese planteo de fondo (y podría decirse intemporal), llevó el debate también al terreno de la coyuntura: "Estamos viendo que los capítulos que se cayeron por falta de consenso en la Ley Bases están apareciendo en forma de DNU. Bueno, ¿está bien eso que si se cae algo que no acuerda el Congreso pueda salir por DNU?", se preguntó el legislador opositor.

"Ahora vemos también que hay en redes sociales una amenaza de privatizar, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas por DNU si no hay acuerdos, si no hay consenso. Ese tipo de amenazas también nos lleva a pensar: ¿Se puede privatizar una aerolínea de bandera por un DNU?", consultó.

Rechazo parcial

Según consigna la agencia Noticias Argentinas, la UCR propone una iniciativa similar, con la diferencia de que extiende el plazo a 90 días en caso de que una de las dos cámaras haya aprobado el decreto, quedando pendiente la resolución del segundo cuerpo.

La Coalición Cívica también tiene su propio proyecto que, si bien no propone un plazo luego del cual los decretos pierden vigencia, coincide con los otros en el hecho de que alcanza con el rechazo de una de las dos cámaras para que los DNU queden sin efecto.

Además, también deposita en la voluntad de los legisladores la opción de modificar parcialmente los decretos, suprimiendo partes del texto emitido por el Poder Ejecutivo.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, calificó este debate como el "más interesante" que se dio en el Congreso desde 1994, año de la reforma constitucional. Aclaró que "no es una ley en contra de Javier Milei" sino que "pensando en los futuros presidentes que le puedan gustar o no a otros".

"Entendemos que cualquier oficialismo se va a resistir, pero está la oportunidad de juntar 129 en Diputados y 37 en el Senado", destacó sobre la ventana de oportunidad que se abrió en la coyuntura para avanzar con la iniciativa, respondiendo a la chicana oficialista en el sentido de que "por qué ahora" se intenta hacer algo que no se hizo en los gobiernos anteriores.

"Adelantémonos a un posible fallo de la Corte por falta de resolución de la política", finalizó el diputado que responde a Elisa Carrió.

Mayorías y tiranías

A su turno, la diputada nacional Silvana Giudici (Pro) criticó a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner por la creación de esta ley, y añadió: "Cuando digo que el kirchnerismo trajo esta ley para violentar las instituciones de la democracia, les cuento que los DNU fueron absolutamente inconstitucionales". En ese punto, mencionó a las modificaciones de la alícuota de la soja, uso de reservas y la salida de Martín Redrado del BCRA, entre otros decretos de esa época.

Llamó, también y según consigna el sitio especializado Parlamentario.com, al uso de decretos en connivencia con esta ley como "la tiranía de las mayorías". Sin dar expresarse sobre el rechazo o el acompañamiento, cerró: "Miran la película de un solo lado, tienen que verla de manera completa porque antes proponíamos derogar esa ley que convirtió a este Congreso en una escribanía". "¿Por qué no fue antes?", cuestionó.

Por lo mismo, la diputada radical Carla Carrizo sintetizó las tres cuestiones a abordar para "dar equilibrio" a la gobernabilidad, y mencionó: "Tiempo acotado, dos cámaras para derogar y límites en los temas", este último punto fue en detrimento del DNU 70/23, el cual modificó un centenar de leyes.

"No es quitar capacidad de gobernar, sino quitarle el monopolio de arbitrariedad acotando el tiempo y las materias (una por vez) para legitimar rápido", agregó y le envió un mensaje al presidente Milei: "No me gusta cuando denosta la Constitución Nacional del 94 y le pido que empiece a reivindicar los grandes acuerdos políticos de este país".

Perspectivas

Esta primera reunión informativa tuvo lugar luego del emplazamiento del plenario de comisiones que se votó en la última sesión de la Cámara de Diputados, donde se aprobó un cronograma que seguirá el próximo miércoles a las 17 para recibir a constitucionalistas y finalmente un último encuentro el 30 de octubre con la intención de dictaminar.

El bloque de Pro adelantó que pedirá extender las jornadas de discusión, pero el resto de los bloques no quiere que se dilate la discusión. El oficialismo, en tanto y a la vez que acude al consabido argumento de la intencionalidad "obstruccionista" de la oposición, ya avizora una nueva derrota legislativa. Y otro veto presidencial, que reeditará en el recinto el debate sobre los términos de la división de poderes.