Martes 23.6.2020
/Última actualización 7:02
“Este proyecto tiene por objeto evitar situaciones administrativas traumáticas que perjudiquen el normal desenvolvimiento del accionar estatal, afectando tanto a los ciudadanos, como a los agentes estatales. De lo que se trata es de asegurar a todos los ciudadanos santafesinos la transición ordenada y moderna que el Estado Provincial urgentemente necesita, teniendo en cuenta la falta de reglamentación del proceso de transición producto de la decisión democrática popular, que da lugar a la alternancia en el poder que consolida y fortalece las instituciones junto a sus principios fundamentales”. Así lo señaló el radical Juan Cruz Cándido tras votarse el proyecto de ley que regule de la transferencia de la administración provincial entre el gobierno en funciones y el gobierno electo en el ámbito del Poder Ejecutivo y que denomina “Transición Responsable”.
El proyecto de ley además de Cándido lleva las firmas de sus correligionarios Fabián Bastia, Marcelo González y Silvana Di Stéfano. En el paso por comisiones logró adhesiones de diputados del Frente Progresista no así del justicialismo.
“El período de transición democrática en el cambio de gestión del Poder Ejecutivo es un momento de relevante importancia para que los gobiernos puedan nutrirse de los insumos necesarios que permitan una planificación ordenada de la agenda de gobierno, que se ajuste de la manera más eficiente posible a la realidad del Estado”, acotó Cándido quien no dejó de recordar la traumática experiencia entre la gestión saliente de Miguel Lifschitz y la entrante de Omar Perotti entre junio y diciembre último. “El proceso regulado por la presente tiene por finalidad asegurar tanto la asistencia técnica como material y la transparencia que permiten el funcionamiento del Estado y la continuidad jurídica”, añadió. Caba, Neuquén y la ciudad de Córdoba tiene reglas establecidas para la transición.
La futura ley establece la creación de comisiones de representantes del gobierno saliente y del entrante y de la Oficina Administrativa de Transición Responsable, ente de coordinación que facilita el traspaso del poder sin dejarlo ligado a la voluntad de las autoridades que deban llevarlo a cabo, garantizando así el acceso a la información pública. Se aclaró que la Oficina no supone crear nuevos cargos ya que se integra de modo temporal por funcionarios de carrera de la administración pública.
El texto girado al Senado establece que las disposiciones se tornan operativas al momento de la proclamación del gobernador electo. Establece limitaciones al Poder Ejecutivo al incremento de gastos corrientes a partir del tercer trimestre del año de fin de mandato.
La socialista Erica Hynes presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo en relación a la entrega de tarjetas AlimentAR, con fondos para asistencia alimentaria, en la localidad de San José del Rincón. El 9 de junio se entregó un remanente de tarjetas AlimentAR en un local no gubernamental, por lo cual la legisladora solicita conocer los criterios con los que se realizó la convocatoria, quienes fueron los responsables de esa gestión y si la actividad fue coordinada con las autoridades locales.
“Desde que comenzó la pandemia por el Covid-19 hay más personas en riesgo alimentario, que dependen de los programas de alimentación que brinda el estado o de otras iniciativas como las tarjetas AlimentAR. Nos preocupa que los operativos de entrega de esa asistencia no pasen por los canales gubernamentales correspondientes”, dijo la legisladora. “Vemos con preocupación lo que sucedió en Rincón, ya que estas prácticas invisibilizan el rol estatal, atentan contra la institucionalidad y la garantía universal de derechos, y abren paso a decisiones discrecionales”, agregó.
El control limítrofe con Buenos Aires
La Cámara de Diputados solicitó el traslado de puesto de control de peaje de General Lagos ubicado sobre la autopista Rosario - Buenos Aires hacia el límite interprovincial entre Buenos Aires y Santa Fe en la altura de Arroyo del Medio.
El impulsor de la iniciativa, Oscar Martínez (Frente Renovador), advirtió que colocar los controles por el Covid 19 a la altura del peaje de General Lagos deja excluido del control localidades como Theobald, Villa Constitución, Arroyo Seco y Fighiera, entre otros. “Más de 100.000 habitantes santafesinos se encuentran expuestos y fuera de la posibilidad de alcanzar los controles necesarios, ya que la conexión con la autopista es anterior a dicho control, quedando de esta manera expuestos al contacto con vehículos provenientes de ciudades bonaerenses con alto porcentaje de casos positivos de coronavirus”, acotó.
“Perotti tiene que reclamarle a Nación la deuda”
El presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Pullaro afirmó que “Perotti tiene que reclamarle a Nación los 100.000 millones de deuda. Parece que el gobernador tiene miedo de pelearse con sus socios del kichnerismo, y eso nos está perjudicando. En la campaña prometía a Santa Fe lo que es de Santa Fe, y no está cumpliendo, incluso nos prestan la plata nuestra, y con intereses”.
El radical recordó que “la nación le debe a la provincia de Santa Fe una cifra cercana a los 100 mil millones de pesos. Deuda generada durante los gobiernos kirchneristas, ratificada por la Corte Suprema de Justicia en el 2015 y nunca honrada durante el gobierno de Mauricio Macri Durante la gestión de Miguel Lifschitz se reclamó de todas las maneras posibles y a la prensa le consta. Hoy nos encontramos con que el gobierno de Perotti pide financiamiento por 4600 millones a los mismos que nos deben a los santafesinos y encima hay que pagarle intereses. Hasta parece una broma; la Nación la presta a Santa Fe la plata que es de Santa Fe”
Para Pullaro “a Santa Fe le están prestando lo que legítimamente le corresponde y encima nos cobran. Estas malas decisiones repercuten en menos obras públicas, y menos asistencias a comerciantes, empresarios y cooperativas. Cuando se decida a pelear por los intereses de los santafesinos va a contar con el apoyo de todos, sin distinción de partidos políticos”.
Este miércoles las diputadas que integran la Cámara Baja harán una reunión para analizar la media sanción del Senado al proyecto de paridad de género en los tres poderes del Estado, partidos políticos y colegios profesionales. En esa reunión se pasará revista al proyecto aprobado por unanimidad, se establecerán las diferencias con el texto impulsada por ellas en la Cámara Baja y se barajarán las posibilidades y conveniencias de aprobar el mismo texto o buscar algunos cambios.
Varias de las legisladoras consultadas por El Litoral dicen ser proclives a validar el texto salido del Senado que modifica siete leyes y sancionarlo en la sesión del jueves 2 de julio.