Impusieron el uso de tobilleras electrónicas a dos investigados por divulgar material de abuso sexual infantil (mal llamado pornografía infantil). La causa judicial cobró notoriedad cuando trascendió que uno de ellos trabajaba en el Hospital de Niños “Orlando Alassia” de Santa Fe.
El juez de la Cámara de Apelaciones, Roberto Reyes, agravó las medidas cautelares bajo las que se encuentran Matías Jauchen y Leandro Papini. Ordenó que utilicen tobilleras electrónicas y que hagan entrega de sus pasaportes, y les prohibió trabajar en lugares a los que acudan niños y niñas.
Las detenciones de Jauchen y Papini se dieron en mayo, luego de que la organización internacional Aliados por la Infancia alertara que detectó el tráfico de material de abuso sexual infantil (ASI) en sus IP.
Sus viviendas fueron allanadas y en el marco del operativo secuestraron diversos dispositivos tecnológicos que serán peritados.
La resolución del camarista Roberto Reyes fue dada a conocer este jueves. Crédito: Flavio Raina
Al frente de la causa judicial está la fiscal Luciana Escobar Cello, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), quien imputó a Jauchen y Papini y solicitó que quedaran en prisión preventiva.
La cautelar fue discutida por los defensores Pedro Busico y Martín Durando. Debido a la ausencia de riesgos procesales, la jueza Celeste Minniti les otorgó la libertad bajo medidas alternativas. Entre estas, la prohibición de salir del país y de acceder a internet.
La fiscalía apeló, y fue el juez Reyes quien revisó el fallo de primera instancia.
En línea con lo resuelto por Minniti, el magistrado consideró que no existe peligro de entorpecimiento de la prueba, ya que la misma consta de pericias informáticas que serán realizadas sobre los dispositivos secuestrados, a los que los imputados no tienen acceso.
Respecto al riesgo de fuga, el mismo se ve disminuido porque los hombres cuentan con arraigo laboral.
Sin embargo, el camarista decidió endurecer las restricciones que pesan sobre la libertad de Jauchen y Papini. Deberán presentarse ante el MPA semanalmente, sus guardadores no podrán permitir el ingreso al domicilio de dispositivos informáticos que puedan acceder a internet y deberán permitir que se acceda a la vivienda para controlar esto.
Los imputados también tendrán que entregar sus pasaportes, tendrán prohibido realizar tareas en lugares a los que acudan las infancias, y no podrán alejarse a más de cinco kilómetros de sus domicilios -exceptuando razones de fuerza mayor y laborales-. Para controlar que esto último se cumpla, llevarán tobilleras electrónicas.