Aunque todavía resta conocer cuáles serán sus fundamentos, el juez Héctor Gabriel Candioti ordenó este martes la libertad para dos de los tres detenidos por el robo al country Altos de la Ribera ocurrido el mes pasado.
El ingeniero deberá cubrir una fianza de $ 4.000.000 para salir. En tanto, el empleado de seguridad acordó su liberación con la fiscalía antes de la audiencia. Quedó tras las rejas un cañadense con antecedentes penales.
Aunque todavía resta conocer cuáles serán sus fundamentos, el juez Héctor Gabriel Candioti ordenó este martes la libertad para dos de los tres detenidos por el robo al country Altos de la Ribera ocurrido el mes pasado.
La medida fue dispuesta pasadas las nueve de la noche, tras cinco horas de audiencia en la que tempranamente, se acordó otorgarle la libertad a un hombre de 39 años, empleado de la empresa de seguridad que presta servicios en el complejo.
Luego de un extenso debate, la decisión del magistrado fue ordenar la prisión preventiva para Damián Alejandro Barrionuevo, un ex convicto de la ciudad de Cañada de Gómez; en tanto, dispuso la libertad bajo fianza de $ 4.000.000 para el ingeniero Germán Darío B. quien este miércoles permanecía privado de la libertad hasta tanto su familia se encargaba de presentar la garantía que cubra dicho monto.
A los dos liberados se les impuso además, una serie de reglas de conducta, entre las que cuenta una medida de distancia con el lugar del hecho, sus víctimas y testigos, así como la obligatoriedad de fijar un domicilio en la ciudad de Santa Fe, designar un guardador y firmar semanalmente ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Tras la audiencia, el abogado Sebastián Oroño, quien junto a su colega Sergio Martín defendieron al ingeniero, explicó que el juez "no dio los fundamentos" en forma oral, sino que lo hará por escrito en el plazo legal.
Señaló que junto con la defensa de Barrionuevo, a cargo de sus colegas Angelo Rossini y Sebastián Gervasoni, "planeamos varias nulidades" las cuales "fueron rechazadas por el juez". No obstante ello, "le concedió la libertad con una fianza personal de 4 millones de pesos, para la cual la familia tiene que buscar garantía" además de "presentación una vez por semana al MPA, fijar domicilio y designar un guardador", señaló.
A nuestro criterio "la evidencia no alcanzó" para incriminar al ingeniero. "Era una acusación basada sobre presupuestos. De las conversaciones y escuchas no surgió nada en 15 días", dijo Oroño.
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Distinta fue la situación de Marcelo Sebastián C. el encargado del rondín en el country cuando ocurrió el robo. "Nosotros colaboramos en la causa, nunca escondimos nada", dijo su defensor, el Dr. Carlos Santiago Chenna. "Este chico no tiene antecedentes y hacía 20 días que estaba trabajando" para la empresa, lamentó.
Además, aclaró que del análisis de los dos celulares que le secuestraron (uno propio y el otro lo utilizaba su mujer y su hijo) "no tenía ningún contacto telefónico" que lo vinculase a la banda.
También sostuvo que "la cabina donde estaba el guardia se encuentra a 500 metros de donde se produjo el robo", por lo que no se explica por qué no detuvieron también a "un gendarme y los que están en la entrada principal con las cámaras".
Por contrapartida, en el caso de Barrionuevo la medida cautelar era casi inevitable, puesto que se trata de un ex convicto, declarado reincidente y condenado por última vez a siete años de prisión por robo con arma y cuya pena venció en 2019.
Durante su detención, ocurrida el lunes 8 de marzo en una casa del barrio Nueva Esperanza, la policía encontró, entre otros objetos de interés para la causa, un arma de fuego cargada debajo de la almohada donde dormía.
La decisión del juez Candioti causó cierto desconcierto en las fiscales María Lucila Nuzzo y María Gabriela Arri, quienes al igual que el resto, aguardan los fundamentos. Mientras tanto, evaluaron que la medida puede estar fundada en la inexistencia de riesgos procesales, en el caso del ingeniero; o por la no acreditación de la figura de la asociación ilícita en la cual enmarcaron la causa.
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El hecho por el cual tres personas fueron detenidas la semana pasada se remonta al fin de semana largo de Carnaval, a mediados de febrero, cuando se produjo un importante robo a una casa del country de Santo Tomé, Altos de la Ribera.
Los delincuentes violaron el sistema de seguridad privada e ingresaron a una vivienda ubicada sobre el bulevar central por una puerta ventana de la planta alta. Del lugar se llevaron numerosos objetos personales, entre los que sobresale una caja fuerte con una importante suma de dinero en pesos y en dólares, además de joyas y un arma de fuego 9mm.
Por ese hecho la fiscalía atribuyó a Barrionuevo y al ingeniero químico Germán Darío B. la coautoría en el delito de robo doblemente calificado por ser en poblado y en banda y por escalamiento y por asociación ilícita en carácter de organizadores. En tanto al encargado del rondín le atribuyeron los mismos delitos pero como partícipe del robo y miembro de la asociación.
El día que fue imputado, el empleado de la empresa de seguridad que presta servicios en el country Altos de la Ribera pidió declarar y aceptó contestar preguntas. "Trabajaba de rondín y estuve ese día trabajando", confirmó Marcelo Sebastián C.
"Yo hice bien mi trabajo. El sector donde estaba es en el fondo del sector norte, en una garita donde no tengo ni luz", explicó. "A los muchachos que la fiscal mencionó nunca los he visto", aseguró.
"Soy un laburante, tengo 39 años y no sé por qué me pasó esto", dijo como buscando una explicación en los presentes.
"Yo lo único que hacía era dar la vuelta en la moto, descansaba y volvía a salir. Ese era todo mi trabajo. Y cada vez que salía y llegaba debía avisar" a la guardia.