“En Brasil, entre los años 2016 y 2017, se introdujo una pauta estricta para el gasto público, de modo de interrumpir la tendencia ascendente de la deuda estatal, junto con una reforma laboral que facilitó la creación de empleo privado formal y contribuyó a la recuperación del crecimiento”.
Jorge Vasconcelos y Maximiliano Gutiérrez (Ieral/Fundación Mediterránea) recordaron que “desde entonces, Brasil, le sacó a la Argentina 13,1 puntos porcentuales de diferencia en el crecimiento acumulado del PIB (10,9 % vs - 2,2%), brecha que también se registra en el aumento del empleo privado formal, de 9,8 % en Brasil y de 1,8 % en la Argentina”.
El último informe de coyuntura del Ieral analiza con ese ejemplo el “ambicioso” DNU 70/2023 de Javier Milei que “ataca algunos de los problemas endémicos de la economía argentina".
“Los ítems abarcados -señala- son múltiples: desregulación, reforma del estado, mercado de trabajo, comercio exterior, bioeconomía, minería, energía, actividad aerocomercial, justicia, salud, comunicaciones, turismo, registro automotor, legislación de deportes y de sociedades, entre otros”.
Resalta que “conceptualmente no deberían caber dudas acerca de la importancia de avanzar en la dirección propuesta por el gobierno nacional”.
Para los autores de la evaluación, “países que tradicionalmente han compartido con la Argentina normas contrarias al funcionamiento competitivo de los mercados, por excesos de intervención estatal y/o regulaciones inapropiadas han mostrado que los cambios no justifican los temores que suelen agitarse del lado de los defensores del “statu quo”.
¿Qué pasa con los salarios?
“El DNU debe verse como un instrumento destinado a lograr un funcionamiento más flexible de la economía, quitando trabas de distinta índole. Justamente, en esta fase en la que han comenzado a ‘sincerarse’ los precios, una forma de quitar incertidumbre es lograr que, del lado de la oferta de la economía, se deje atrás el funcionamiento excesivamente cerrado y falto de competencia de diversos mercados, así como la dificultad para firmar contratos regidos por la voluntad de las partes”.
Para Vasconcelos y Gutiérrez, “como un vector relevante para acentuar la fluidez del lado de la oferta de la economía, la política salarial es clave. En las actuales circunstancias, deberían evitarse los dos extremos: a) intentar recomponer ingresos fijos extrapolando e indexando los contratos al ritmo de los picos de inflación de los meses por los que estamos transitando; b) desconocer la existencia de la aceleración en el ritmo de suba promedio de precios, con un diciembre que apunta a una variación del IPC superior al 25 %”.
Sugieren que, para tratar de evitar deterioros adicionales del salario real, “lo más apropiado parece ser la compensación ‘mes a mes’ del desfase observado entre inflación y trayectoria previa de las actualizaciones de sueldos”.