Con la mira del gobierno nacional puesto en las auditorías universitarias y las expectativas puestas en el Presupuesto 2025, en las últimas semanas el conflicto universitario se fue apaciguando tras un momento de mayor convulsión que causaron la marcha del 2 de octubre, las tomas subsiguientes a la ratificación del veto a la ley de financiamiento universitario por parte del Congreso y los paros que se extendieron, incluso, por una semana completa. No obstante, no está resuelto y se siguieron -y siguen- llevando adelante acciones relacionadas con la defensa de la universidad y el reclamo salarial.
El próximo paro, que involucra a los docentes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), se llevará a cabo este lunes 11 de noviembre. La nueva metodología que se viene llevando adelante desde el día 6 -y que proseguirá hasta el 15 de noviembre-, es realizar actos y cese de clases por región, reuniendo a varias universidades nacionales en una sede. El turno de la Región Litoral (que comprende a las universidades de Rosario, del Litoral, Entre Ríos, Rafaela y Tecnológica) es este lunes y se movilizarán en Rosario.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, consideró en una entrevista con Infobae de estas últimas horas que "hay una enorme oportunidad en el presupuesto 2025 de llegar a un acuerdo y generar un triunfo colectivo del Gobierno, de los diputados, de los rectores y de los gremios. Ojalá por primera vez estemos de acuerdo estos cuatro actores y podamos darles a las universidades un presupuesto nacional que traiga tranquilidad".
Consultado por ese medio con relación a que el presupuesto prevé 3,8 billones de pesos para las universidades, que es la mitad de lo solicitado por el CIN, Moriñigo remarcó que "tenemos la intención y las charlas avanzadas" para que esa cifra mejore.
Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional.
"Creo que esos 3,8 billones de pesos, que eran un techo, de a poco se han transformado en el piso de discusión -aseguró-. De hecho, esa cifra que presentó el presidente Javier Milei en septiembre ya quedó desactualizada con el 6,8% que cobramos con el salario de octubre. Así que esos 3,8 billones tendrán que ser modificados. Deberíamos ir en busca de un monto que esté lo más cerca posible de lo que solicitó el CIN, que son 7,2 billones de pesos".
"Lo ideal sería esa cifra, pero no somos obtusos y sabemos que cuanto más nos arrimemos, mejor. Las charlas están bastante encaminadas para que los cuatro actores -gremios, rectores, diputados y el Gobierno- encontremos una salida colectiva por medio de la institucionalidad", aseguró.
El rectorado de la UBA, en Capital Federal.
Sigen versus UBA
En tanto, el conflicto que mantiene la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el Gobierno nacional por las auditorías sumó un nuevo capítulo días atrás, cuando la Sindicatura General de la Nación (Sigen) reclamó que se rechace la medida cautelar que pidió esa universidad a la Justicia para evitar ser auditada por ese organismo.
La Sigen presentó un informe de contestación de demanda ante la Justicia, además de recusar sin causa al juez en lo contencioso administrativo federal, Diego Cormick, quien en su momento había estipulado un plazo de cinco días para que la Sigen produzca el informe de contestación a los argumentos de la UBA. Ante esta decisión, el magistrado envió el expediente a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que se realice un nuevo sorteo de juzgado.
Según la Sigen -que depende de Presidencia de la Nación-, la casa de altos estudios no justificó el uso del 90,22% de las transferencias del período 2015-2021 y del 98,87% de las correspondientes al año 2022. También señala, de acuerdo al sitio Infobae, que "de las transferencias realizadas por el (ex) Ministerio de Educación a todas las Universidades Nacionales, entre el período 2015-2021, el monto asciende a $ 22.176.327.880,38, y en el caso particular de la UBA los fondos enviados totalizan $ 5.349.546.977,99, lo que representa un 24,12% del total transferido, siendo el mayor porcentaje".