Sábado 21.12.2024
/Última actualización 11:56
El Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Yolanda Díaz, ha llegado a un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para disminuir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales antes de que finalice 2025, sin que esto implique una reducción en los salarios. Este acuerdo, que no incluye a la patronal CEOE, tiene como objetivo mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal de los trabajadores en España.
Aspectos del acuerdo
El acuerdo estipula que, a partir del 31 de diciembre de 2025, la jornada laboral máxima será de 37,5 horas semanales para todos los empleados asalariados del país. Cualquier hora trabajada que supere este límite se considerará como hora extra, con las compensaciones correspondientes. Asimismo, se implementará un registro horario digital más estricto para asegurar el cumplimiento de la normativa, y se prevén sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador para las empresas que no cumplan.
La iniciativa beneficiará a cerca de 12 millones de trabajadores en España y se anticipa que aumentará tanto la productividad como la calidad de vida de los empleados. No obstante, la falta de representación de la patronal en el acuerdo ha suscitado críticas y ha dado lugar a un debate sobre la viabilidad y el impacto económico de la disminución de la jornada laboral.
Reacciones
La firma del acuerdo ha puesto de manifiesto las tensiones dentro del Gobierno de coalición. Mientras Yolanda Díaz y su partido, Sumar, consideran que se trata de un avance en los derechos laborales, algunos sectores del PSOE han mostrado reservas, abogando por una implementación más gradual. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sugerido posponer la medida hasta 2026, argumentando la necesidad de un análisis más exhaustivo sobre su impacto económico.
Por otro lado, la patronal CEOE ha manifestado su desacuerdo con el acuerdo, tildándolo de apresurado y advirtiendo sobre posibles efectos adversos en la competitividad empresarial. La falta de consenso con los empresarios podría complicar la implementación efectiva de la medida y generar conflictos en el ámbito laboral.
El acuerdo se llevará ante el Consejo de Ministros en enero de 2025 para su aprobación y posterior tramitación en el Parlamento. Se estima que el proceso legislativo dure al menos seis meses, periodo durante el cual podrían realizarse cambios al texto original. La ausencia de apoyo unánime y las diferencias internas en el Gobierno presagian un debate parlamentario complicado.
Asimismo, será crucial implementar mecanismos eficaces de supervisión y monitoreo que aseguren el cumplimiento de la nueva normativa por parte de las empresas. La instauración de un registro horario digital accesible y la aplicación de sanciones más estrictas son algunas de las acciones previstas para garantizar la adecuada implementación de la reducción de la jornada laboral.