Es casi unánime el reclamo entre los expositores para que "sean vinculantes" las audiencias públicas de los servicios prestados por el Estado santafesino, en materia sanitaria y de energía. La mayoría de quienes participan en esas instancias lo exige y se suele vincular esa supuesta falencia con otra característica que ciertamente también incomoda: la escasa participación.
En la Argentina como en pocos países es fuerte la idea de que "decir" no es parte de "hacer". Que el debate no es acción o, al menos, que su relevancia es menor frente a lo concreto, respecto de las obras por ejemplo.
Es un malentendido popular, que las palabras no valen que las cosas sí. Pocas veces se repara en que no se puede hacer sin antes decir, o mejor sin discutir, si se trata de una sociedad democrática.
La queja se repitió en las audiencias públicas para discutir tarifas de la Epe y de Aguas: "tienen que ser vinculantes". Las convocatorias y las tradiciones para su realización (más que las normas) dicen textualmente "no vinculante", simplemente porque no pueden tener un resultado. No puede imponerse una posición, pero se puede ganar al escuchar. Y al ser oído.
Exponen las empresas, escuchan los usuarios que concurren; hablan los clientes, dan la cara los funcionarios. Esa es la lógica de ese debate, si se quiere inconcluso. Y también su valor.
El que haya unos pocos ciudadanos dispuestos a usar su tiempo en ir a cantarles unas cuantas verdades a los responsables de los servicios públicos no es un problema de los convocantes, ni de la institución de la audiencia pública. Y bastante más grave es que unos poquitos representantes hayan asistido.
A ambas audiencias solo concurrieron los mismos tres diputados. Ningún senador. Sólo un intendente (la de Esperanza) y un puñado de concejales estuvieron en sendas reuniones. Y eso que se podía participar de manera remota.
El problema no está en el formato de las audiencias públicas sino en que pocos las aprovechan. ¡Qué más querrían los responsables de los servicios que por no vinculantes dejen de celebrarse! El tener a los funcionarios como audiencia es un objetivo en sí mismo.
En el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios ya tiene mayoría (sino unanimidad) la idea de una pronta recomposición tarifaria para Aguas Santafesinas SA. Más allá de las quejas por su ineficiencia o por lidiar con una infraestructura en redes que debe ser renovada para cumplir mejores estándares de calidad, todo indica que se impondrá el criterio de autorizar el aumento sin medias tintas y que luego con ese dictamen (que por la precariedad del marco normativo actual es "no vinculante) habrá otro la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat Silvina Frana.
De todos modos, será relevante, como siempre advertir las sutilezas que pueda contener la resolución de ese cuerpo de cinco integrantes que hoy cuenta con tres, suficientes para tener quórum y poder funcionar. Y también lo que digan sus gerencias, que tiene carácter público.
En cambio, en el caso de la Epe, Frana ya ha dado el okey y el aumento esta vigente. Como la distribución de electricidad en Santa Fe no tiene un marco regulatorio, ni un ente de control, basta con una resolución suya.
Quien haya visto y oído las dos audiencias coincidirá en que entre los usuarios y sus representantes hubo más quejas por el precio que por el servicio en el caso de los kilovatios, y lo contrario con los metros cúbicos de agua asignados según los metros cuadrados de cada vivienda. Que parece haber más conformidad con la calidad de la prestación de la Epe -aunque duela pagar sus boletas-, que en el caso de Aguas donde la accesibilidad para el bolsillo no siempre se traslada a las canillas más alejadas de las plantas potabilizadoras.