Sábado 14.11.2020
/Última actualización 6:17
Pizarra con objetivos, planos de las zonas a intervenir y el decreto 1184 del 29 de octubre que dejó en manos del Ministerio de la Gestión Pública el plan Incluir cuyos objetivos pasan por mejorar la calidad de vida de personas y grupos familiares en barrios mediante la generación de obras de infraestructura vinculadas a la mejora del hábitat, el equipamiento barrial, el saneamiento y el acceso a energía y agua seguras; fortalecer redes sociales del barrio promoviendo el encuentro, la participación y la convivencia en el espacio público; prevenir la violencia interpersonal; impulsar la participación social y ciudadana en espacios barriales y abordar a las familias desde una perspectiva integral asegurándoles el acceso a derechos fundamentales.
De esos objetivos y las concreciones, expusieron ante El Litoral el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, y el secretario de Articulación de Políticas Públicas, Marcos Corach, que llevan adelante las primeras experiencias en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario y en Las Lomas, en el noroeste de esta capital.
El Incluir tiene mucho del Abre de la gestión del Frente Progresista y tanto Michlig como Corach lo admiten aunque advierten que en la etapa actual hay una mayor coordinación entre las agencias del Estado y un trabajo codo a codo con las entidades ya presentes en el barrio.
"Debemos coordinar los esfuerzos con el municipio para no pisarnos. Ambos gobiernos tenemos proyectos. Hasta ahora venimos trabajando bien. No debiera romperse la relación".
ministro de Gestión Pública
"El Incluir es la primera parte del programa de seguridad" coinciden para añadir que se concreta "con la intervención multiagencial del Estado", frase contenida y resaltada en el pizarrón del despacho que ambos comparten en la planta alta de Casa de Gobierno al lado de Omar Perotti.
Para poner en marcha del plan, el gobierno dictó el decreto donde además declaró inaplicable la ley 13.896 dictada en octubre del año pasado y que preveía la intervención integral en barrios de todas las ciudades -no en las comunas- de la provincia. Ya en el proyecto de Presupuesto 2021, un artículo prevé la derogación de esa norma, tema que genera polémicas con el Frente Progresista.
Michlig recuerda que el plan Abre no tenía afectación presupuestaria y que se ejecutaba a través de partidas de distintos ministerios. En octubre llegó la ley surgida de senadores del PJ extendiendo a todas las ciudades con afectación específica y ejecución en manos de los municipios. Fue una de las leyes de la transición que provocaron roces entre la gestión saliente y la entrante.
"El objetivo central del Abre y del Incluir no son tan diferentes. Parten de lo mismo, es parte de un gran programa de seguridad. Cuando se habla de un plan de seguridad, esta es la primera parte o el aspecto social del programa de seguridad que apunta a la atención de las causas. La seguridad arranca desde la prevención o la situación de causas sobre todo sociales y termina con la atención de la víctima. En el medio prevención, represión, política carcelaria, post carcelaria. En la parte inicial del programa está el Incluir que es básicamente la atención de las causas. Fue el Abre, fue en Brasil, fue en Colombia", describe Michlig.
A la hora de las diferencias con el Abre, el ministro dice que "tienen que ver con las metodologías, los alcances, la forma de ejecución y en la cantidad y cómo se involucran las distintas áreas. Este plan es de intervención multiagencial. En cada zona que vayamos a trabajar lo van a ser todas las áreas del gobierno. Antes trabajaban todas las áreas en cosas separadas; nuestra idea central es articular y dar respuestas totales", agregó.
"Tras la primera semana de intervención en Las Lomas, una madre se nos acercó y nos agradeció porque "mi hijo ahora duerme porque no hay más tiros por la noche". Para nosotros es normal ir a dormir y no escuchar disparos de armas de fuego todas las noches. Por eso estas intervenciones apuntan a mejorar la calidad de la vida de la gente", señaló Corach.
Corach aclara que la decisión de ingresar a una zona con el Incluir surge de indicadores de inseguridad. Tanto en Las Lomas como en Nuevo Alberdi son altos los índices de homicidios, heridos de armas de fuego y violencia de género.
Desde el punto de vista político, Michlig señala que "el gobierno anterior, el Abre lo llevó adelante el Poder Ejecutivo con las facultades y límites que le daba el presupuesto. La ley -declarada inaplicable- dejaba la ejecución librada exclusivamente a los criterios y proyectos que establezcan los municipios". Con el Incluir se vuelve al esquema donde es el Ejecutivo el que desarrolla el programa. Ambos funcionarios admiten que hay y habrá trabajo conjunto con los municipios y aseguran que es lo que está ocurriendo con Pablo Javkin en Nuevo Alberdi y con Emilio Jatón en Las Lomas. "Tenemos que seguir hablando y coordinando la acción con Emilio", agrega el ministro.
Para Corach no quedan dudas que en muchas localidades de la provincia habrá ejecución municipal y comunal mientras que en las grandes ciudades será el Estado provincial el ejecutor. "Articulamos con el municipio, hablamos con Santa Fe, con Rosario antes de poner en marcha tanto Las Lomas como Nuevo Alberdi. También está la participación de las organizaciones sociales que ya existen en el barrio. No dialogar con ellas, pasarlas por arriba, caerles un día no es bueno. Yo soy de Rafaela y no puede desconocer que en Las Lomas hay una comunidad con un trabajo previo de Desarrollo Social con Género . Hay que hacerlos parte. Esta es una gran diferencia de Incluir, hacerlos parte porque la gente está tomando decisiones junto al Estado; participa. No vamos como se hacía anteriormente con "El Estado en tu barrio" de Macri que instalaban gazebos por unos días y después se iban", asegura.
Michlig destaca que en Las Lomas es central la tarea que viene realizando el Movimiento Los Sin Techo para erradicar ranchos y levantar viviendas con apoyo del Estado.
El decreto 1184 le asigna al Incluir una partida de 3.138 millones para el corriente año que no llegarán a ejecutar y para el ejercicio 2021 la previsión es de 4.000 millones.
Cuando se habla de intervención multiagencial, explican que además de áreas del Poder Ejecutivo como seguridad, salud, desarrollo social, también está el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para hacer tareas de investigación de hechos de violencia, pero además la EPE y ASSA para llegar con energía y agua y se promete conexión wifi para la zona apoyándose en las instalaciones de cámaras de seguridad. Limpiar basurales, desagües, recuperar espacios públicos son desafíos inminentes. Una de las bases de la presencia estatal es el centro de salud que hasta hoy es el último punto de llegada de la red de agua potable. "Es la vergüenza del Estado que los ha dejado ahí tirados durante un montón de tiempo. Cualquier intervención que se haga se nota mucho y rápido. La gente y las organizaciones involucradas están agradecidos", afirma Corach.
Michlig no duda y adelanta que este mes, seguramente, el gobierno nacional, avalará el pedido de Emilio Jatón para financiar la obra de canalización y pavimentación de calle Menchaca o camino Viejo a Esperanza. "Será un muy buen anuncio para mejorar la calidad de vida de esa zona".