Un joven de 24 años fue detenido este jueves como acusado de planificar ataques terroristas en el país a través de una plataforma de mensajería instantánea, en la ciudad santafesina de Venado Tuerto, informó este jueves el Ministerio de Seguridad.
Compartía contenido "yihadista" a través de una aplicación de mensajería instantánea.
Un joven de 24 años fue detenido este jueves como acusado de planificar ataques terroristas en el país a través de una plataforma de mensajería instantánea, en la ciudad santafesina de Venado Tuerto, informó este jueves el Ministerio de Seguridad.
La investigación fue realizada por la Policía Federal Argentina (PFA), en conjunto con la Comisaría General de Información de España, a través de la Consejería Interior española en la Argentina.
Los Agentes de la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales efectuaron una tarea de inteligencia y detectaron la existencia de un usuario de la app Telegram que compartía contenido “yihadista”.
En los mensajes mencionaba una amplia variedad de supuestos blancos de ataques terroristas “como personas, iglesias o calles, con explícitas intenciones de llevar a cabo un atentado y sembrar terror en el territorio nacional”.
Los efectivos federales presentaron los datos obtenidos ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo de Aurelio Cuello Murua, el cual instruyó acciones a la fuerza.
Los agentes trabajaron para establecer la identidad del involucrado en cuestión, como así también “el abonado telefónico que utilizaba para su accionar y lugar de residencia; información que fue recabada con éxito y celeridad”, se informó.
El juez Cuello Murua libró orden de allanamiento del inmueble descubierto, ubicado en la ciudad de Venado Tuerto, donde la Policía detuvo al sospechoso, “un argentino de 24 años de edad”, a quien se le secuestró “una notebook y un teléfono celular”.
El sujeto detenido, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición de la autoridad judicial interventora en la causa que fue calificada legalmente como “intimidación pública”.