Viernes 20.8.2021
/Última actualización 16:45
Una semana después de la que Agencia de Investigación Criminal (AIC) allanara una clínica en barrio Candioti, desde la Justicia aguardan la respuesta del Ministerio de Salud provincial, para que confirme o niegue si dos de los tres médicos involucrados prestan servicios en el sistema de salud público.
Los profesionales, identificados por sus iniciales C.A., R.G., y M.L.R. fueron citados en sede policial donde se le leyeron sus derechos, en el contexto de una investigación penal por presunta mala praxis médica en la que fueron nombrados por la víctima.
Se trata de una denuncia radicada el pasado 9 de julio ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y tramitada por el fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Carlos Lacuadra, quien el jueves 12 de agosto solicitó un allanamiento en el inmueble de la calle Alberdi 3062 de barrio Candioti, donde funcionaba un centro dedicado a tratamientos estéticos.
La misión judicial era tan sencilla como secuestrar la historia clínica de la denunciante. Sin embargo, la ausencia de dispositivos de archivo, ya sea físico (archivero o fichero) o digital (una computadora con una base de datos de los pacientes), despertó las sospechas de los investigadores que comenzaron a recorrer el edificio.
Una recepción, salas de espera y consultorios en planta baja y alta con su mobiliario respectivo, era lo esperable para el lugar que se estaba inspeccionando. Hasta que descubrieron que en una de las dependencias había un quirófano vidriado, con instrumental presuntamente sofisticado, que llamó poderosamente la atención a la autoridad policial.
Gentileza Prensa AIC Producto del allanamiento, se halló un quirófano equipado y se secuestraron tres bolsas con residuos patológicos.Producto del allanamiento, se halló un quirófano equipado y se secuestraron tres bolsas con residuos patológicos.Foto: Gentileza Prensa AIC
A partir de ese momento, el allanamiento que parecía un acto simple, se convirtió en una verdadera caja de Pandora, porque al indagar, se encontraron con que la empresa no contaba con habilitación municipal ni de otro ente de control gubernamental. Entonces se convocó a la Secretaría de Control de la municipalidad, que terminó clausurando el sitio con una faja que permanece hasta la fecha y que impide el ingreso de cualquier persona sin autorización.
También fue descubierto un depósito, ubicado en una especie de altillo del edificio, donde se guardaba todo el material para los implantes mamarios; y cajas de instrumental nuevo para usar, como bisturíes, jeringas, barbijos, entre otros, lo cual también se encuentra secuestrado.
En tanto, producto de la requisa, el viernes 13 de agosto se hallaron bolsas rojas con lo que se presume eran residuos patológicos, por lo que se le dio intervención a la Brigada de Delitos Ambientales de la AIC, que junto con funcionarios de distintas áreas de control y medio ambiente y una empresa dedicada a la recolección de dichos residuos, realizaron el secuestro del material existente. El producido del secuestro fue enviado a laboratorio para evaluar su peligrosidad.
Pero las sorpresas no terminaron allí, dado que en esa segunda inspección descubrieron una heladera llena de jeringas y frascos con contenido patológico, que se presume podría ser de pacientes. De hecho, alguna víctima denunció que le habían extraído "células madre" que estaban guardadas en un frasco en una heladera, lo cual aparece como un nuevo indicio para investigar.
Aunque identificados en la carpeta judicial, los médicos que se nombran no fueron imputados hasta el momento, dado que la fiscalía se encuentra recopilando información que le permita formular una atribución delictiva sólida.
En principio, se trataría del dueño del inmueble y responsable máximo del centro de estética; así como de dos colegas, de los cuales se presume, serían médicos de uno de los hospitales públicos más importante de la ciudad capital y se desempeñarían ambos en un área de cirugía plástica, reconstructiva y quemados.
De las averiguaciones periodísticas, surge que la clínica de cale Alberdi 3062 no era nueva en el barrio, sino que hay quienes aseguran que lleva varias décadas funcionando como tal. En ese sentido, fuentes del municipio local aseguraron que ni en la actual gestión del intendente Emilio Jatón, ni en las anteriores, hubo habilitación para dicho centro médico. Es más, ni siquiera existen trámites de iniciación de la habilitación ante la Secretaría de la Producción municipal, que es el órgano encargado de autorizar el funcionamiento en el ámbito local. En cambio contaba con una vieja habilitación para el funcionamiento de consultorios, extendida por el Colegio de Médicos de Santa Fe, la cual se encontraba vencida desde 2017.
La primera denuncia, que fue la punta de lanza de la investigación, fue radicada el 9 de julio de este año por una mujer de alrededor de 40 años, que relató el calvario que tuvo que atravesar a partir de la mañana del 24 de noviembre de 2018, cuando entró a la clínica C.A. para someterse a dos operaciones programadas y por las cuales pagó una suma que ronda los $ 60.000.
Con posterioridad a la intervención quirúrgica, sufrió serios problemas de salud, los cuales una vez superados la decidieron a recurrir a la justicia.
La segunda denuncia se incorporó a la causa el viernes pasado, cuando otra mujer, movilizada por la publicación del allanamiento, dijo haber sido operada en dicho centro en junio de 2018 y haber sufrido consecuencias en su salud a causa de la intervención.
Además, existen al menos otras tres historias similares de víctimas mujeres, que podrían formalizarse ante la justicia la semana próxima, según confirmaron distintos abogados particulares.