Redacción de El Litoral
El juez Silva rechazó el pedido de prisión preventiva para ambos propuesto por la fiscal Mariela Jiménez, y les concedió la libertad bajo alternativas. Desde el MPA adelantaron que imputarán a otros dos policías.
Redacción de El Litoral
sucesos@ellitoral.com
Un abogado que se desempeñaba como asesor legislativo de Cambiemos y un oficial de policía de la seccional 4ta., detenidos el martes y acusados por pedirle una coima de $ 10.000 a un ladrón, recuperaron la libertad ayer, tras cubrir una fianza personal de $ 100.000 cada uno.
El juez de la investigación penal preparatoria (IPP), Luis Octavio Silva, rechazó este viernes el planteo de prisión preventiva para ambos que sostuvo la fiscal Mariela Jiménez. En cambio, aceptó las alternativas propuestas por los abogados defensores Sebastián Moleón -por el abogado- y Raúl Sartori -por el policía-.
“La fiscal Jiménez pidió la prisión preventiva para los dos, diciendo que el hecho estaba consumado y la pena en expectativa era de 5 a 10 años de cárcel”, contó el Dr. Sartori, que en cambio postuló que “no había elementos de convicción suficientes” para solicitar dicha medida; y en el caso de su cliente dijo que a diferencia del otro imputado “no había recibido plata, ni retuvo los papeles de la moto” del hombre que estaba alojado en la comisaría 4ta. acusado por un delito contra la propiedad.
Bajo fianza
La defensa cuestionó que “no fue un delito consumado, sino en grado de tentativa y por lo tanto no es la misma pena” que reclamó la fiscalía. “Pedimos que se rechace la preventiva y en su caso se imponga una medida alternativa”, consistente en la designación de un guardador, el depósito de una fianza personal de $ 100.000 cada uno, una medida de distancia para con el denunciante y la obligatoriedad de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público de la Acusación.
Por su parte, la fiscal Jiménez destacó ayer en conferencia de prensa que “el proceso va a seguir con las dos personas imputadas en estado de libertad” y que “si bien para la fiscalía era necesaria la medida privativa de la libertad para asegurar a las víctimas de este proceso, esto no quita validez ni calidad a la evidencia con la que ya se cuenta en el legajo fiscal”, que fue labrado el martes junto con efectivos de la Dirección de Asuntos Internos zona centro-norte.
Consultada por si le sorprendió la decisión del juez Silva, la fiscal Jiménez dijo que “No”. “Cuando uno va a una audiencia va valorando las posibilidades que hay y en este caso ya se había planteado la posibilidad de una libertad bajo fianza”.
“Timbreo”
El abogado imputado, fue detenido el martes 4 de julio en inmediaciones de la avenida Facundo Zuviría y calle Hernandarias, mientras realizaba el llamado “timbreo” junto a otros dos militantes del espacio político Cambiemos, que fueron involuntariamente ligados a la maniobra ilegal, aunque a las pocas horas recuperaron la libertad.
En esas circunstancias el joven coordinó un encuentro con un hombre que acababa de salir de prisión y que pretendía recuperar su moto, el celular y documentos personales. Según la denuncia, el abogado y el policía lo habían extorsionado pidiéndole $ 10.000 para que le devolvieran sus cosas. En cambio, los imputados sostienen que el abogado pretendía cobrar los servicios prestados al reo y el policía sólo hizo de puente para comunicarlos.
Lo cierto es que tras la denuncia, personal de civil de Asuntos Internos montó un operativo en el lugar donde se produjo la detención y se llevó a cabo una entrega controlada de dinero -previamente marcado- y se secuestraron los celulares. El policía fue arrestado en su lugar de trabajo.
Nuevas imputativas
La fiscal Mariela Jiménez señaló que en principio, no se le atribuyó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al policía, porque “el procedimiento por el cual el imputado-denunciante estaba en la seccional cuarta, era por un hecho de jurisdicción de la seccional 9na. Allí estaba secuestrada la moto y el resto de los efectos del procedimiento” en cambio el preso estaba alojado en otra comisaría “por falta de alojamiento”.
No obstante, con los elementos de valoración reunidos durante la semana, “sí tenemos pensado ampliar la imputación, tanto a personal de la 9na. como de la 4ta”.
A propósito de las identidades de dichos policías, la fiscal se limitó a decir que “en un principio son dos más”. “Uno era el encargado de verificar que se le diera la libertad” al hombre detenido y “otro es quien estaba de guardia el día que ocurrieron los hechos”. Además, no descartan “ampliar a una privación ilegal de la libertad”.