El juez penal Gustavo Urdiales condenó este jueves a dos policías de la ciudad de Santa Fe, a la pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación por el doble de tiempo, por un pedido de coima a un carnicero del barrio Cabal.
La sanción penal recayó sobre un sargento y un suboficial, acusados por hechos ocurridos en noviembre de 2014, en el noroeste de la ciudad.
El juez penal Gustavo Urdiales condenó este jueves a dos policías de la ciudad de Santa Fe, a la pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación por el doble de tiempo, por un pedido de coima a un carnicero del barrio Cabal.
La sanción recayó sobre el sargento Miguel Ángel Maldonado (43) y el suboficial Emilio Nicolás Perizzoti (30), quienes en 2014 prestaban servicios en la Sección Seguridad Personal de la Unidad Regional Uno (URI).
Si bien los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, habían solicitado pena de 6 años de prisión; inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo (12 años) y el pago de una multa de $ 50.000 para cada uno de los implicados, el magistrado acabó por declararlos culpables por los delitos de "extorsión en grado de tentativa" y "falsedad ideológica de documento público". En tanto, los absolvió por el "hurto calificado y el encubrimiento con ánimo de lucro", de allí el monto de la pena.
"Valoramos que el juez dio por acreditada la tentativa de extorsión, que es el accionar ilícito que desde la Fiscalía consideramos más importante", destacaron Hernández y Jiménez. En tal sentido, aclararon que "los condenados se valieron de su trabajo como policías para intentar obligar a un carnicero de la ciudad de Santa Fe a entregar dinero, e incluyeron declaraciones falsas en un acta de procedimiento".
Y en cuanto a las absoluciones, "aguardaremos los fundamentos del fallo para analizar los pasos a seguir en relación a estos ilícitos", dijeron.
Maldonado y Perizzoti llegaron a juicio acusados por hechos que se remontan al viernes 28 de noviembre de 2014, cuando en horas del mediodía irrumpieron en una carnicería de barrio Cabal, con la excusa de que buscaban "un arma de fuego ilegal".
Como el dueño del local no estaba presente, comenzaron a interrogar a un empleado y aprovecharon la sorpresa para registrar el inmueble ubicado en calle Castañaduy al 6800 -esto es, entre Estanislao Zeballos y Boneo, al oeste de la avenida Blas Parera-.
Luego, los uniformados "obligaron a la víctima a subir a un automóvil. Y mientras recorrían la ciudad, llamaron por teléfono al dueño de la carnicería y le exigieron 5.000 pesos a cambio de la libertad del empleado", señalaron los funcionarios del MPA. "Sin embargo, el comerciante al que trataron de extorsionar se negó a entregar la suma de dinero", explicitaron.
Los representantes del MPA expusieron que "el empleado del local comercial permaneció detenido en una dependencia policial hasta las 16:30 del mismo día, cuando firmó bajo presión un acta con declaraciones falsas".
Por último, detallaron que "el documento había sido redactado por los acusados y narraba una aprehensión en la vía pública que nunca existió, entre otras falsedades".
El juicio empezó este lunes y se extendió hasta el martes, cuando las partes formularon los alegatos finales, pasando a un cuarto intermedio hasta este jueves, cuando se conoció la sentencia.
Por su parte, en los tribunales de Rafaela, un policía de 35 años resultó condenado a tres años de prisión efectiva por resistirse a cumplir una orden judicial y atacar a los uniformados que lo detuvieron, cuando se atrincheró junto a su pequeño hijo, en una casa de San Vicente, en el departamento Castellanos.
Se trata de Carlos Ernesto Galeano, quien además agredió y amenazó a su expareja en un contexto de violencia de género. La pena fue impuesta por el juez Javier Bottero en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y cuyo trámite estuvo a cargo de la fiscal Favia Burella.
Galeano fue detenido el 28 de mayo de este año, luego de atrincherarse con su hijo en una vivienda de la calle Jujuy al 500 de San Vicente. Previamente, los uniformados tocaron a la puerta para comunicarle que debía cumplir una orden judicial de exclusión del hogar dispuesta por la Justicia de Familia.
"Con el niño en brazos, Galeano aseguró que contaba con los elementos necesarios para provocar un incendio y una explosión de gas en el inmueble, lo que sin dudas iba a causar su muerte, la de su hijo y la de los policías que estaban en las inmediaciones", recordó la fiscal Burella.