El Litoral
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La titular del área de Energía, Verónica Geese, criticó a Litoral Gas por sus “dilaciones” sobre el troncal que beneficiará a los vecinos desde Colastiné y Rincón hasta Arroyo Leyes y Calchines. “El gobierno tiene los fondos y el compromiso para hacer la obra. No nos dan la autorización”.
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“Litoral Gas está ‘trabando’ (el Gasoducto de la Costa) porque quiere que el Gobierno provincial haga la obra, y luego se la dé para que la pueda operar. Nunca fue de su interés. Y no le interesa porque es tan cara que si la hiciera, la tasa de retorno (de recupero económico) no le cerraría nunca. Lo que sí le interesa (a Litoral Gas) es que le ‘regalen’ la obra”, disparó la secretaria de Estado de Energía provincial, Verónica Geese.
El incordio por las demoras en el arranque del gasoducto de la Ruta 1 trae largos antecedentes. El más cercano en el tiempo es de septiembre pasado, cuando el Gobernador Miguel Lifschitz presentó el plan integral de desarrollo para un amplio tramo del corredor costero (en el marco del Acuerdo Capital), que incluye colectoras, desagües, forestación, una ciclovía y demás trabajos complementarios, más el gasoducto.
Pero para hacer ese gasoducto de unos 10,6 kilómetros que abastecerá a 10 mil usuarios residenciales desde Colastiné hasta Rincón (primer tramo), y luego seguirá de Arroyo Leyes hasta Santa Rosa de Calchines (segundo), se necesita que Distribuidora Regional Litoral Gas diga si se va a hacer cargo de la obra o no.
“Hasta ahora son todas evasivas desde esa empresa, por eso traba el inicio de la obra”, aseguró la funcionaria en diálogo con este medio. Son $ 120 millones de inversión (primera etapa) y $ 200 millones en total para las dos etapas, estimó.
El suministro de gas en el país está dentro de un sistema federal regulado por ley (N° 24.076 de 1992), que en su momento determinó la privatización de Gas del Estado. En Santa Fe, los temas sobre esta materia quedaron “en manos” de Litoral Gas. Y hay una única autoridad regulatoria que es el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
“Como provincia no existimos dentro de esa regulación, por lo cual se creó la empresa provincial de gas (el Enerfe) para poder ser parte de ese sistema siendo un subdistribuidor”, recordó Geese. Santa Fe Gas y Energías Renovables (o Enerfe) es una sociedad anónima con participación del Estado provincial en un 98 % del capital accionario —que asciende a $ 30.000.000— y de la Cooperativa de Integración Regional del Centrooeste Santafesino, de Servicios Limitada en el restante 2 %. Se creó por ley.
“Enerfe se formó para que la Provincia pueda hacer inversiones en gas (en línea con el marco normativo nacional vigente). Si la provincia hace obras, lo que se pretende es que se capitalice en poder del Estado y a favor de los usuarios, y no ‘regalársela’ a una empresa privada (Litoral Gas), que sacaría rédito de esto mediante una tasa de retorno económico”, fustigó otra vez Geese.
La decisión está en manos del Enargas, que actúa como “árbitro” en conflictos de intereses como éste. Enargas puede intimar a Litoral Gas a que decida qué va a hacer (si se hace cargo o no de la obra); puede dirimir autorizando a Provincia a ejecutar la obra mediante el Enerfe, o puede seguir sin tomar ninguna decisión, como ocurrió hasta ahora. Este mediodía había una reunión entre funcionarios provinciales y el Ente en Buenos Aires. Se aguardaban novedades.
Postura del gobierno
Geese dejó en claro la posición del gobierno provincial sobre el tema. Pidió “terminar con las dilaciones” y que se dirima finalmente la cuestión: “Hay muchos actores que están diciendo que Provincia no quiere hacer esa obra. Todo lo contrario. Lo que pasa es que no tenemos la contestación de los organismos que corresponden”. Ahí está la traba para Geese.
“Nosotros estamos esperando que Enargas tome la posición que corresponde en tutela de los derechos y beneficios de los usuarios, dejar de actuar en favor de otras cuestiones. Enargas tiene que exhortar a Litoral Gas a que conteste a la Provincia, y que (esta distribuidora privada) deje de responder con evasivas. Necesitamos que nos digan desde Enargas que es factible hacer la obra”, insistió.
“La Provincia —prosiguió— va a poner los fondos para hacer la obra siempre y cuando la pueda usufructuar la Provincia misma. El compromiso de Provincia está, los fondos están, el apoyo técnico y logístico está. Pero necesitamos que nos habiliten la obra”, insistió la funcionaria.
Al haber intereses contrapuestos, el Enargas debe actuar como árbitro. “Entonces, el Ente debería actuar y dirimir esta cuestión siempre defendiendo al usuario. Quiero saber si el Enargas va a defender al usuario de Colastiné, Rincón, Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchines, que están esperando esta obra y que nosotros estamos dispuestos a hacer”.
Licitación
Toda la obra integral de desarrollo para la Ruta 1 forma parte del Acuerdo Capital firmado entre Provincia y el gobierno municipal de Santa Fe. El gasoducto está integrado a ese plan, además de la construcción de colectoras, desagües, una ciclovía y hasta un plan de forestación.
“Si no la hacemos ahora (a la obra del gasoducto), Litoral Gas no la va a hacer nunca. Y sin hacer el gasoducto no se pueden hacer las colectoras. Por eso, el Enargas debe dirimir esta cuestión a favor del usuario, no de las distribuidoras”, insistió.
“Sin tener de parte de Litoral Gas la factibilidad del suministro de gas desistiendo de hacer (la obra), la Provincia no se puede largar a licitar el gasoducto. ¿Por qué? Porque al licitarlo estaría comprometiendo recursos provinciales sin tener la certeza de si alguien nos habilitará la obra el día de mañana”, explicó la titular de Energía.
Puso un ejemplo: “Imaginemos que Vialidad haga la obra de calles colectoras, desagües, ciclovía, etc., sin tener la debida autorización. Y dentro de cinco años Litoral Gas diga que llevará gas a Colastiné. En ese caso se deberá romper toda la obra ya hecha. Es un delirio romper una obra para hacer otra, con el costo que acarrearía todo esto. Sería un error de nuestra parte”.
De todos modos, la funcionaria adelantó que la licitación del plan integral vial se dividirá en dos: “Vialidad licitará las dos manos de las colectoras, pero la segunda mano quedará para cuando se resuelva finalmente la cuestión de fondo el gasoducto. Es decir, en el plan vial se podrá avanzar por una parte, pero se dejará una mano sin intervenir para ahí ejecutar el gasoducto”.
Audiencia pública
—Si el Enargas no dirime como árbitro este asunto, ¿qué cree que podría pasar? ¿La controversia se podría judicializar?
—Se puede judicializar, pero creo que la presión de la gente que espera esta obra tiene que ser más fuerte para que el Enargas tome la decisión correcta. En la última nota que le enviamos al Ente (fechada el 1° de noviembre) pedimos que llame a una audiencia pública, que es una herramienta muy buena para dirimir cuestiones.
El compromiso de Provincia está, los fondos, el apoyo técnico. Pero necesitamos que nos habiliten la obra. Porque no podemos licitar la obra sin la autorización, sería un gran error. Lo ideal sería que llamen a una audiencia pública, o que tomen la decisión que corresponde: beneficiar a los usuarios residenciales de la Costa, que están protegidos por la ley.