Jueves 6.2.2020
/Última actualización 23:17
El juez penal Pablo Busaniche rechazó un planteo de la defensa del kinesiólogo Francisco Lascurain (37), que pretendía la morigeración de la prisión preventiva, a cambio de su internación en un hospital público donde se le brinde adecuada atención en cuanto a su cuadro de salud mental. Fiscalía y querella se opusieron a dicho requerimiento al sostener que el acusado “es peligroso para sí y para la sociedad”, y que “perfectamente pueden darle la atención médica en el penal” de Las Flores, donde permanece alojado desde mayo, tras el choque que se cobró la vida del joven Francisco Sueldo en las calles del barrio Villa María Selva.
“Pedimos al juez que siga en el lugar que está y con las condiciones adecuadas”, declaró Walter Sueldo al término de la audiencia celebrada en la sala N° 1 del subsuelo de tribunales. El padre del pequeño de 10 años, que falleció a causa de las lesiones sufridas en un triple choque ocurrido en calle Ángel Cassanello al 2200 la noche del lunes 13 de mayo, enfrentó una vez más los micrófonos para recordar que “seguimos en la lucha de justicia”, para que “estos casos se tomen con la seriedad que se necesita”.
Francisco Lascurain iba a bordo de un auto Toyota Etios cuando al cruzar calle República de Siria, impactó de atrás al Chevrolet Corsa Wagon en el que iba Walter Sueldo, su esposa Gisela Colman y su hijo Francisco. El siniestro involucró además a un Renault Kwid. Por ese hecho, el fiscal de Tránsito, Daniel Filippi, imputó al conductor por el delito de “homicidio simple con dolo eventual” y “lesiones culposas” y solicitó la prisión preventiva, que fue concedida por la jueza Rosana Carrara.
Archivo - Guillermo di Salvatore El juez Pablo Busaniche intimó a la Junta Médica para que haga una ampliación de informes y emplazó al Servicio Penitenciario para que suministre la medicación requerida al interno.El juez Pablo Busaniche intimó a la Junta Médica para que haga una ampliación de informes y emplazó al Servicio Penitenciario para que suministre la medicación requerida al interno.Foto: Archivo - Guillermo di Salvatore
Entre las medidas solicitadas, las partes acordaron que el imputado sea sometido a una Junta Especial de Salud Mental, atento a su historia clínica y a un evidente desorden de ideas puesto de manifiesto en las sucesivas audiencias (relato con contenido místico). Como resultado de la labor del equipo interdisciplinario, el mes pasado se conoció el informe preliminar de dicha Junta, el cual arrojó que Francisco Lascurain “no se encontraba en condiciones de comprender ni de dirigir sus acciones” la noche del 13 de mayo de 2019; y que “todos los diagnósticos (médicos particulares, Junta de Salud, de PDI) coinciden en llamar psicosis a la patología que presenta y en particular del tipo de las esquizofrenias”.
Los primeros en objetar dicho informe fueron el fiscal Filippi y los padres de la víctima, representados como querellantes por el abogado Leandro Corti, quienes solicitaron “ampliación y aclaración” del informe a la Junta de Salud Mental. Además, como la mencionada Junta no se expidió sobre la “peligrosidad” del sujeto, se requirió la intervención de otro órgano que sí esté en condiciones de hacerlo, a los fines de solicitar o no una medida de encierro. También aguardan los informes complementarios de los peritos de parte, de los que podría surgir la necesidad de ahondar en mayores estudios.
Para las partes, llamó la atención lo “escueto” del informe, basado en tres entrevistas semidirigidas de alrededor de 20 minutos cada una.
Con esos elementos, fiscalía y querella se inclinaron por la negativa a la internación requerida por la defensa, ahora a cargo de los abogados Néstor y Sebastián Oroño, tras una primera atención del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp).
“Nos opusimos al cese de la cautelar porque entendemos que todavía se dan los presupuestos procesales que justifican la prisión preventiva”, sostuvo el querellante Leandro Corti, en nombre de la familia de la víctima. En tal sentido enumero: “primero el delito que se le atribuye al imputado no admite -en principio- pena de prisión condicional; y segundo por la actitud adoptada por el imputado luego del suceso, que se dio a la fuga y omitió brindar auxilio”.
Además, “existe riesgo de fuga” puesto que “hay un precedente de internación del principios de 2019 cuando se escapó del sector de seguridad de la clínica La Merced” y finalmente “todavía no se lo ha declarado inimputable” que será una “cuestiones que tendrá que discutirse en el marco de una audiencia”, refirió. Sobre ésto último, el querellante destacó que “hay que despejar la capacidad para comprender la criminalidad del acto” del imputado, así como “la peligrosidad”, mientras tanto “tiene que ser tratado como un sujeto capaz”, finalizó.
Si bien los fundamentos de la resolución serán puestos a disposición de las partes por escrito dentro del plazo legal, a la hora de resolver, el juez Pablo Busaniche denegó el pedido de morigeración de la prisión preventiva para el acusado porque “se sostiene el peligro procesal concreto”, dijo. Además, emplazó al Servicio Penitenciario y a la Junta Especial de Salud Mental para que garantice el suministro de la medicación requerida y el examen médico, el primero; y para que en plazo razonable realice la ampliación de los informes, el segundo.