El intendente Juan Pablo Poletti y sus principales funcionarios -entre ellos los secretarios General, de Gobierno y de Hacienda, Alejandro Boscarol, Sebastián Mastropaolo y José Serruya, respectivamente- se reunieron a puertas cerradas con los 17 integrantes del Concejo de Santa Fe. El tema: la discusión del Mensaje Nº 23 del Ejecutivo, que intenta tercerizar el servicio de alumbrado público de la capital.
Según pudo reconstruir El Litoral, el encuentro fue “positivo” en tanto y en cuanto se despejaron varias de las dudas que pulularon días atrás en un tenso debate entre el oficialismo y la oposición en el Legislativo local. No obstante, hay posiciones que aún están bastante lejos de lograr un consenso sólido. Las discrepancias desde el arco opositor se mantienen.
En contexto, cabe recordar que el municipio pretende llamar a licitación pública para concesionar la refuncionalización y el mantenimiento integral de la red de alumbrado público en la ciudad. Sería por un plazo de 60 meses, es decir, cinco años, con posibilidad de prorrogar ese plazo por 24 meses más.
Mensaje original
Esto implicaría que una empresa privada sea la concesionaria -y la responsable- de la reposición y mantenimiento permanente de luminarias, cableado, columnas, contactores, tableros, líneas de tendido aéreo, en todos los barrios de la ciudad, con excepción de los ubicados al Este de la Laguna Setúbal, donde allí intervendría la Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica (DAPE).
El monto de la contratación, al menos en lo que consta en los pliegos del mensaje del Ejecutivo, es de $22.687.086.559,52. Y la contratista deberá poseer antecedentes vinculados a trabajos de refuncionalización superiores a las 20.000 luminarias. El área a intervenir cuenta actualmente con un parque lumínico conformado por unos 35.000 artefactos.
El intendente Poletti y sus funcionarios junto a la presidenta del Concejo, Adriana Molina, y el resto de los concejales. Crédito: Gentileza
Se estipula un período inicial de “trabajos correctivos” que permitan poner en condiciones funcionales correctas a dichas instalaciones lumínicas, y garantizar el normal funcionamiento de las mismas a lo largo del tiempo. Este período inicial se extenderá por 180 días (seis meses) a partir de la fecha de inicio del contrato. Luego, vendrá el mantenimiento permanente.
Los trabajos que involucran la refuncionalización del alumbrado público serán la reparación, conservación y el mantenimiento de todas las redes propias del parque lumínico, tanto subterráneas como aéreas, a partir de los puntos de toma de energía eléctrica hasta los tableros, indica el pliego.
Alguna de estos aspectos podrían cambiar, ya que lo que se discutió en la reunión fue, justamente, esa letra chica del pliego de bases y condiciones. Podría haber modificaciones en comisiones del Concejo, luego de sugerencias y recomendaciones que pudieran darse en próximas reuniones. El tema, por su trascendencia, va a demandar más encuentros políticos, pero también técnicos.
Desde el oficialismo
“Nos sacamos muchas dudas respecto de las condiciones del pliego”, contó en diálogo con El Litoral el concejal Carlos Suárez (Interbloque “Unidos”). Esas dudas estuvieron orientadas, desde el sector oficialista, a la cuestión de la telegestión del futuro sistema, para monitorear las luminarias, “con la intención de que éstas queden como capital de infraestructura de la ciudad”.
También se plantearon dudas respecto de que haya una sola zona de la ciudad con el servicio concesionado en manos de una sola empresa. “Esto se habló en la reunión, sin perjuicio de que se puedan evaluar otras alternativas (como dos zonas), siempre y cuando esto no implique incrementar costos”.
Porque por ejemplo, si hay dos empresas, ante alguna contingencia (que una concesionaria presente quiebra y no pueda seguir brindando el servicio), “se daría margen de maniobrabilidad al municipio, ya que habría otra empresa interlocutora. Son todas cuestiones que deben analizarse y tenerse en cuenta”, expresó el edil radical.
Con respecto al costo de la tercerización, los funcionarios aseguraron que los recursos están. “Nos explicaron que se privilegiará esta refuncionalización del sistema de luces sobre otras acciones: las luminarias son una prioridad, puesto que se trata de responder de una forma eficiente a lo que es quizás el principal reclamo de la ciudadanía, con impacto en más seguridad”, adujo.
El otro punto de la polémica es si empresas locales o de la región podrían presentarse a la licitación y ser oferentes: “La ordenanza de Compre Local está vigente. Al igual que cualquier otra licitación, esto se ponderará. Tal punto debería quedar taxativamente expuesto en el pliego".
"El requisito técnico es que las empresas a presentarse tengan las capacidades técnicas y la experiencia demostrada en el mantenimiento de más de 20 mil luminarias”, agregó Suárez.
“Necesaria”
“Más allá del mensaje en sí, fue una reunión necesaria”, le dijo a este medio el presidente del Interbloque “Unidos”, Leandro González. “Hay una necesidad del Estado municipal de dar mayor respuesta a esta cuestión, el alumbrado público, que es una demanda permanente de los vecinos”, aseveró.
La idea es construir y definir un pliego con la mayor cantidad de consensos posible, dijo el edil radical. “Toda la información que se vaya acumulando y sistematizando con estos encuentros hace a la transparencia de los actos del Estado municipal”, enfatizó.
“Esos más de 22 mil millones de pesos (por cinco años) demandaría la tercerización del servicio de alumbrado público para su puesta al ciento por ciento están, según nos dijeron los funcionarios municipales. Se podrían destinar, pero habrá que cuidar cada peso que el municipio genere, con un control sobre la concesionaria, algo que está estipulado en los pliegos”, contó González.
Una luminaria led en pleno microcentro de la ciudad. En los barrios, principalmente. está el problema de la oscuridad. Crédito: Luis Cetraro
Incluir una zona más, más allá de la Costa (a cargo de la DAPE) es un “planteo lógico” -apuntó González, en línea con lo dicho por su par Carlos Suárez-. “En los próximos encuentros veremos si es factible. Es la misma situación (varias empresas concesionarias para varias zonas) que se da con el servicio de colectivos o de recolección de residuos, recordó. “Pero todo está en discusión”, dejó en claro.
Desde la oposición
A través de un comunicado de prensa, la concejala Jorgelina Mudallel (Bloque PJ), manifestó que en el encuentro con Poletti y los funcionarios, planteamos muchas dudas con respecto a la tercerización del servicio de luminarias en la ciudad. Queremos un relevamiento de lo que ya se hizo y saber que las reglas estén claras para otras empresas santafesinas que puedan licitar”.
“Planteamos que la ciudad se divida por zonas, y diversas cuestiones que consideramos hoy no están claras. Nos fuimos con sabor a poco de la reunión -admitió Mudallel-. Estamos convencidos de que es necesario que la ciudadanía comprenda que tercerizar es privatizar (...) ya tenemos servicios tercerizados y no funcionan bien”, sentó posición.
Para Violeta Quiroz (Mesas de Trabajo – FR), la tercerización del mantenimiento de luminarias “necesita un análisis exhaustivo y responsable”. “Entiendo la urgencia de encontrar una solución al problema del alumbrado público. Sin embargo, la propuesta del intendente de tercerizar el servicio plantea serias dudas y también requiere de un análisis minucioso antes de tomar una decisión”.
Por otro lado, el mensaje original “no detalla adecuadamente los recursos humanos disponibles, ni justifica con claridad la necesidad de recurrir a un tercero. Además, el presupuesto presentado es incompleto y el financiamiento previsto es insostenible”, cuestionó la edila.
Otro punto de vital importancia para Quiroz es que “la propuesta sugiere financiar este servicio con la Tasa General de Inmuebles (TGI), lo que implicaría destinar aproximadamente el 60% de lo que se percibe por esta tasa. Este gasto tan elevado comprometería gravemente el financiamiento destinado a otras áreas y funciones municipales”, puso el foco.
En esta línea, se interrogó: “¿Qué sucederá con los fondos actualmente destinados a otras necesidades? ¿Se prevén recortes en otros servicios esenciales? ¿O acaso trasladaríamos esa carga a los santafesinos con un nuevo aumento a la TGI?".
Quiroz advierte que “ante la magnitud del proyecto y las implicaciones financieras y operativas, es fundamental plantear un debate detallado y responsable sobre la propuesta de concesión”. Llamó “a todos los actores involucrados a participar en un análisis riguroso y transparente, y a considerar cuidadosamente el impacto de esta decisión en el bienestar de los santafesinos”, cerró.