Domingo 1.9.2019
/Última actualización 22:25
Ante la presión de intendentes y presidentes comunales, la Legislatura adelantó un debate reservado para octubre de cada año: la posibilidad de que cada municipio y comuna utilice la mitad de los recursos presupuestarios del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes, es decir no usar el recurso para alguna obra pública o la compra de vehículos o herramientas y destinarlo a tapar agujeros fiscales. La historia se repite desde hace más de diez años y éste con el aditamento de la crisis financiera en marcha. También se reedita la presión para sumar a Santa Fe y Rosario a dicho fondo mientras los senadores reclaman extender a toda la bota el Plan Abre.
En todos los casos se apunta a descentralizar dinero presupuestario y darles recursos a los gobiernos locales para ejecutar programas. La voluntad legislativa no cuenta con algún principio referencial de las funciones que le competen a cada instancia de gobierno y se termina cayendo en la discrecionalidad política permanente y superponiendo tareas.
La complicada situación presupuestaria se agravó después del resultado de la Paso nacional y las ya conocidas consecuencias sobre las finanzas y la economía argentina. Esta complejidad se suma a la transición política santafesina tanto a nivel provincial como en cada pueblo. Autoridades que se van y pretenden cumplir compromisos asumidos y los que llegan que claman tener recursos porque a los pocos días deben hacer frente al pago de medio aguinaldo y haber de diciembre,
Sobre fines de 2004, la ley 12.385 creó el llamado Fondo de Obras Menores para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados. Con los años se determinó que el monto presupuestario se indexa anualmente de acuerdo al ejercicio anterior. El objetivo fue compensar a los municipios y comunas que no recibían recursos de origen nacional provenientes del llamado Fondo del Conurbano que beneficiaba a Rosario y Santa Fe.
El problema fue que mientras el Fondo del Conurbano no fue actualizado desde su creación en la década del 90 y sigue estancado en 30 millones de pesos, el Fondo de Obras Menores se actualiza año a año, alcanzando en el ejercicio actual 1.390 millones de pesos. O sea, los recursos provenientes de Nación para Rosario y Santa Fe estancados desde hace 20 años, el fondo provincial se multiplicó por 70 desde su creación. La resistencia legislativa -especialmente del Senado- en sumar a las dos grandes ciudades provocó la reacción del Poder Ejecutivo que puso en marcha el Plan Abre para las dos grandes ciudades aunque luego sumaron a otros cuatro núcleos urbano con barrios atravesados por problemáticas sociales complejas. Ahora son los senadores justicialistas los que impulsan que el programa llegue a toda la provincia y lo dotan con el 6% de la recaudación de Ingresos Brutos del ejercicio anterior.
En este ajedrez político están parados los actores legislativos mientras intendentes y presidentes comunales golpean puertas todas las semanas en Santa Fe para exigir ser escuchados y tener recursos. Denuncian desde el PJ discriminación y atrasos de partidas cuando desde la Casa de Gobierno se asegura que están al día, excepto los casos de aquellos que no han rendido en tiempo y forma. El final está abierto. El ala política de la Casa de Gobierno preferiría dejar para fin de año la posibilidad de girar el dinero para gastos corrientes. Dos temores justifican la postura: que lo girado no alcance para apagar incendios locales y el Tesoro tampoco tiene hoy los recursos ante los recortes de ingresos fiscales federales y la caída de recaudación propia. Le toca mover a Diputados. Parece faltar una negociación más amplia que además de los recursos de este año establezca compromisos para el Presupuesto 2020, el que va a armar la gestión de Omar Perotti.