Néstor Vittori
Néstor Vittori
Información llegada a nuestra mano a través de las redes sociales, indicaba la magnitud de los sueldos del personal directivo y personal jerárquico de la EPE.
El presidente, el vicepresidente y tres directores tienen un sueldo mensual básico de 1.007,66 cada uno, sin contar viáticos y otros suplementos no remunerativos. Y hay además 15 funcionarios que superan los 0.000 de sueldo básico.
Las autoridades de la EPE desmintieron parcialmente esta información, haciendo referencia a que se trató de una bonificación por única vez, pagada en el mes de mayo, pero que desde ese mes los sueldos son notablemente inferiores a lo denunciado.
En realidad, en el contexto de la magnitud de una empresa como la EPE, no parecería de una significación económica superlativa, pero sin duda tiene un valor simbólico realmente extraordinario, en la medida que estos sueldos que integran la grilla salarial del Estado provincial, se contrastan de manera escandalosa con la media de ingresos de la gente que tiene que sostenerlos a través del pago de la tarifa que corresponde al consumo eléctrico en sus distintos planos.
Cuando se referencia que la energía de Santa Fe es la más cara del país, sin duda se reconoce un ordenamiento del gasto de la EPE que se relaciona con estos niveles de ingresos de su personal jerárquico y que responde a una estructuración funcional que descendiendo en la escala de tareas a los distintos planos de la empresa, sin duda construyen un nicho corporativo, cuyo sistema de ingresos nada tiene que ver con los recursos de quienes tienen que financiarlos.
El secretismo, que ha sido una característica histórica de la EPE, en cuanto a su dotación de personal y a su estructura salarial, encuentra su explicación precisamente en el desenganche de esta situación con la realidad de la gente, cuya comparación no resiste el análisis.
Sin perjuicio del poder de extorsión que por su naturaleza tiene la actividad que nuclea al gremio de Luz y Fuerza, creo que es responsabilidad del gobierno provincial, en primer lugar poner en blanco sobre negro la transparencia de la actividad, informando públicamente la cantidad de personal de la empresa, su distribución por categorías y funciones así como también los salarios que corresponden a cada uno de ellos. También debería consignar todos los adicionales que reciben como aportes no remunerativos, como es el caso de la cantidad de electricidad gratuita, y también el régimen de privilegio para los familiares que pretendan su ingreso a la empresa.
El ocultamiento de esta información, que debería estar siempre a disposición para conocimiento del público, abriga las sospechas de cuestiones espurias en la relación gremio - gobierno, las que provocan su reserva, y en algunas oportunidades, cuando se han logrado vencer, la información ha resultado tan amañada, que han incrementado las sospechas.
Es importante que la comunidad pueda saber lo que paga por los servicios y por qué el precio de los mismos, obteniendo todas explicaciones que correspondan ante las modificaciones que integran sus variables, y no como ocurre en estos momentos, en donde resulta menester adivinar las circunstancias.
Es responsabilidad del gobierno aportar a la transparencia, y también generar los equilibrios que nivelen la relación entre prestaciones recibidas y precios pagados, en un contexto de justicia social, reiteradamente reclamado pero no necesariamente practicado.
El secretismo, que ha sido una característica histórica de la EPE, en cuanto a su dotación de personal y a su estructura salarial, encuentra su explicación precisamente en el desenganche de esta situación con la realidad de la gente.