Nuevamente el poder judicial le denegó la prisión domiciliaria a Antonio Di Benedetto, condenado a 12 años de prisión por encabezar una asociación ilícita dedica a apropiarse ilegalmente de terrenos y campos en el sur-sur provincial, principalmente en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo.
La causa es conocida popularmente como Megaestafa inmobiliaria, y tiene decenas de víctimas que están a la espera de poder recuperar lo perdido.
Los abogados de Di Benedetto basaron la solicitud de la prisión domiciliaria en la edad del sentenciado, un deterioro en el estado de salud y las precarias condiciones de alojamiento en el penal.
En primera instancia sufrieron un revés al planteo, y ocurrió lo mismo en la mañana de este lunes cuando el juez de la Cámara de Apelaciones, Tomás Orso, le bajó el pulgar al pedido de los letrados.
Desde el Poder Judicial entendieron que “una persona con esa edad puede estar privada de la libertad” y que “se tenían que dar una serie de circunstancias en su estado de salud que no estaban debidamente acreditadas”, ya que no había ninguna patología grave que no pueda ser tratada en la cárcel.
Igualmente se estableció fijar una audiencia de Habeas corpus por las condiciones de alojamiento en las que se encuentra. El objetivo principal será mejorar el espacio en el que está detenido.
El juez Tomás Orso resolvió negarle la prisión domiciliaria a Di Benedetto.
Inicio de la investigación
Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.
Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.
Durante el proceso existieron "arrepentidos" y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión efectiva y condicional: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).
A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.
El día que a Raúl Jaime (derecha) considerado uno de los pilares de la estructura delictiva.
En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla'rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.
El juicio
El juicio oral y público contra tres de los integrantes de la asociación ilícita comenzó el 10 de mayo de 2022 y el tribunal pluripersonal estuvo integrado por los jueces Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle.
Luego de que pasasen decenas de testigos, a comienzos de septiembre de ese mismo año se llevó adelante el alegato del fiscal Matías Merlo, quien aportó "un sinnúmero de pruebas para demostrar cómo funcionaba el mecanismo" dedicado a apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles.
Más tarde fueron los alegatos de los abogados defensores. Y posteriormente el tribunal contó con un plazo de tres semanas para generar un fallo al respecto, el cual se conoció el 12 de octubre.
Antonio Di Benedetto fue condenado "como Jefe y Organizador de una Asociación Ilícita”, sumándose 21 hechos de estafa y falsificación de documentos públicos.
En tanto, el 8 de noviembre de 2023 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario ratificó la condena de primera instancia contra Di Benedetto y Jaime.
El tribunal de magistrados, que estuvo constituido por Gustavo Salvador, Carolina Hernández y Gabriela Sansó, leyeron de manera virtual el fallo que avaló el anterior, con la salvedad de algunas de las acusaciones en las que finalmente se decidió absolver a los acusados por el beneficio de la duda, sin embargo, las condenas previstas no se modificaron.
En tanto, Marcelo Sava, que había recibido una pena de 3 años y 6 meses de prisión, en esta oportunidad se la redujeron a 1 año y 6 meses.