Lunes 3.8.2020
/Última actualización 18:31
El derecho a la educación de calidad se vió amenazado en tiempos de pandemia. Con el cierre de establecimientos, los esfuerzos se concentraron en mantener las clases a distancia. Los resultados fueron casi unánimes: la gran mayoría de los estudiantes recibió trabajos y tareas de su escuela. Sin embargo, las diferencias en el acceso tecnológico dificultaron el cumplimiento de las enseñanzas y aprendizajes bajo modalidad remota.
De acuerdo a los resultados preliminares de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, las propuestas educativas durante la cuarentena alcanzaron al 95% de los hogares.
Pero la frecuencia en el vínculo fue distinta entre escuelas del sector privado, donde cerca del 90% lo hizo más de una vez por semana, y las de gestión estatal, donde la constancia en el contacto se ubicó en torno al 70%. Mientras, sólo un 10% de los estudiantes manifestó tener contacto dos o tres veces al mes o directamente no tener, de modo transversal en todos los niveles.
Por otra parte, el piso tecnológico con el que cuenta cada hogar resultó visiblemente dispar. El dato sobresaliente indicó que el 53% no cuenta con una computadora para darle uso escolar. Además, en 3 de cada 10 casas no se cuenta con acceso fijo a Internet: el 27% manifestó acceder sólo por celular y el 3% no tener conexión de ningún tipo.
Los primeros informes de la serie fueron aportados por el ministerio de Educación de la Nación, por medio de una videoconferencia del titular de la cartera, Nicolás Trotta, con los ministros de las 24 jurisdicciones del país. Del anuncio participaron, también, Cora Steinberg, especialista de Educación de Unicef, y Andrea Bergamaschi, especialista senior en Educación del BID.
Limitaciones de tiempo y lugar
En los informes se detalló, también, los tiempos de adecuación que cada escuela adoptó para su propuesta pedagógica, luego de la suspensión de las clases presenciales. El 79% de las ellas sostuvo que pudo organizar el intercambio con sus estudiantes en menos de dos semanas; el 16% señaló que tardó alrededor de un mes en organizar la continuidad; y un 5% que en las últimas semanas de junio (fecha de la encuesta) estaba buscando todavía adecuarse al contexto.
En cuanto al tiempo dedicado por los estudiantes a las actividades escolares, el promedio arrojó que destinó 10 horas semanales. Mientras, 6 de cada 10 manifestó recibir tareas y devoluciones de forma diaria.
Sin embargo, hubo grandes disparidades por gestión en cuanto a las modalidades adoptadas para dictar clases: por videoconferencia, las escuelas privadas alcanzaron el 73% frente a un 17% en las estatales; con plataformas educativas, un 30% ante un 6%, respectivamente.
Misma situación se dio en el ámbito institucional, donde la utilización de plataformas para reuniones remotas indicó: 17% de directivos del sector estatal y 73% entre directivos de escuelas privadas.
Mientras que en la ruralidad esta modalidad solamente fue de un 8%, frente a un 44% en el urbano.
Asimismo, los porcentajes de uso de los Cuadernos de la Serie “Seguimos Educando” alcanzaron su nivel más alto en los hogares de mayor vulnerabilidad (41%) y descendió entre los hogares menos vulnerables (18%). Entre quienes utilizaron los cuadernillos impresos, el 91% tuvo una valoración positiva sobre los mismos.
Otro de los indicadores apuntó que 9 de cada 10 adultos que asumieron el rol de acompañamiento durante la pandemia fueron mujeres. “Si se considera que también lo son 8 de cada 10 docentes, se puede afirmar que la continuidad pedagógica durante la suspensión de clases ha sido sostenida predominantemente por las mujeres”, puntualizó el informe.
En tanto, el acceso a recursos tecnológicos por hogares fue desigual tanto por la condición económica como por regiones del país. Por ejemplo, la disponibilidad de computadoras difiere en 20 puntos porcentuales entre jurisdicciones de mayor nivel de acceso (AMBA y Patagonia, 62%) y aquellas cuyos hogares tienen la dotación menor (NEA y NOA, 41%).
Por otra parte, los resultados también señalaron problemas en las condiciones de acceso a recursos tecnológicos por parte de los trabajadores de la educación. Directores y docentes indicaron en un 79% que tenían limitaciones de conectividad y hasta un 66% identificó problemas con la utilización de equipamiento para clases y reuniones.
Aprobada por el Consejo Federal de Educación, la evaluación es un relevamiento integral en el que se encuestó a 5.387 directivos, 25.000 docentes y 2658 hogares con niñas, niños y adolescentes en edad de asistir a la educación obligatoria de todo el país. El informe final será presentado en octubre.
La evaluación prevé otras cuatro líneas complementarias que se encuentran en desarrollo para relevar dimensiones como las respuestas de los sistemas internacional, nacional y jurisdiccional sobre la educación durante el aislamiento obligatorio. También habrá un seguimiento de la matrícula escolar previa y posterior a la suspensión de la presencialidad. Para ello, se realizará un formulario que será completado por los directores de escuelas a partir del 3 de agosto, cuando comienzan las clases presenciales en algunas jurisdicciones.
El ministro Trotta se refirió a los objetivos perseguidos por la evaluación. “No pretendemos que sea una herramienta estadística, sino que buscamos que sea un instrumento que nos permita corregir o profundizar aquellas políticas que tenemos que desplegar con mayor convicción a partir de los distintos momentos que transita nuestro sistema educativo. Se trata de tomar decisiones informadas para desarrollar políticas públicas asertivas”, indicó Trotta.
Por su parte, la secretaria de Evaluación e Información Educativa, Gabriela Diker, consideró: “Ningún sistema educativo del mundo estaba preparado para pasar a este modelo de aprendizaje en los hogares por lo que la información es fundamental para analizar una amplia multiplicidad de aspectos y recuperar el aprendizaje colectivo”.
En tanto, la representante de Unicef Argentina, Luisa Brumana, sostuvo que “la voz de las familias y los adolescentes es fundamental para detectar desafíos y nudos críticos que las políticas educativas y sociales deberán atender en los próximos meses”, alertando sobre los hogares más vulnerables como parte escencial de la agenda post pademia.