UN LECTOR
"Hace pocas semanas, la autovía de la ruta 1 debió ser reparada en varios tramos: la carpeta asfáltica, que estaba muy dañada, deteriorada, deformada y ya se habían hecho huellas que en días de lluvia acumulaban un montón de agua, peligrosamente. Es increíble, pero es la realidad, la autovía que aún no fue inaugurada oficialmente (creo que no fue terminada inclusive o le faltan detalles) y ya debió ser reparada. Yo me pregunto: ¿a qué obedece esto, a problemas de materiales, impericia técnica,…? No lo sabemos. Pero, como contribuyente se me ocurre que alguien de Vialidad provincial debería estar dando alguna explicación o justificación de esto y explicarnos a los que pagamos los impuestos ¿quién pagó la reparación de la ruta? Con total desvergüenza, asistimos al hecho de que nadie en absoluto, ni de Obras Públicas ni de Vialidad provincial sale a poner la cara. Hace muchos años que los santafesinos vinimos pidiendo, exigiendo, sugiriendo que coloquen balanzas para pesar los camiones que circulan por las rutas. Evidentemente, no se quiere hacer. Consecuencia: las rutas destruidas. Indudablemente, faltan controles".
JOSÉ CÁNDIDO
Este 27 de noviembre, como hace 49 años, se conmemoró el Día del Jubilado Provincial. Esta fecha fue establecida por la ley N° 7.782 de nuestra provincia.
Santa Fe es -mejor dicho fue- pionera y una de las primeras jurisdicciones en tener normas en favor de los sectores más desprotegidos. Fue durante la gobernación del corondino Nicasio Oroño que se sancionó en 1867, hace ya 157 años, la primera Ley de Pensiones. Reitero: hace 157 años.
Nadie podía imaginar que luego de más de tres lustros el gobierno actual y sus diputados aliados habrían de aprobar, promulgar, la Ley N° 14.283. Una norma que perjudica a más de cien mil jubilados y pensionados santafesinos. Sin importar Tratados Internacionales integrados hoy a nuestra Constitución Nacional, como lo es la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Nadie pensó en semejante agravio a las personas que en sus últimos años de vida biológica merecían un tratamiento inverso a lo que se está haciendo.
No lloren -diría la recordada Norma Plá-, en su lucha por los que están sosteniendo la pirámide. Nosotros fuimos agraviados, pero en Nuestro Día afirmamos que no nos van a doblegar.
Somos viejos, personas dignas que nunca bajaremos nuestras banderas de lucha contra las injusticias de los que, por un tiempo finito, tienen y ejercen el poder.
MARÍA ALEJANDRA SAUS, arquitecta
MARTÍN CANÉ, politólogo
La decisión del gobierno nacional de avanzar con la enajenación de terrenos de su dominio, que en la ciudad de Santa Fe conforman las 24 hectáreas de la Estación Belgrano y 201 lotes en el barrio de Guadalupe, representa una ventana de oportunidad para que el Estado municipal conduzca la urbanización de esas áreas –estratégicas por su localización– procurando obtener beneficios para la sociedad santafesina en su conjunto.
Ahora nos preguntamos: ¿cómo podría lograrse ese objetivo? Resulta muy atinado organizar concursos profesionales para elaborar propuestas de desarrollo urbanístico y crear parques públicos, tal como diferentes actores de la ciudad han sugerido en las últimas semanas en distintos medios de comunicación.
En ese contexto, y sin pretensiones de exhaustividad, también podría considerarse: 1) Destinar un porcentaje de la superficie de ambos predios a la construcción de unidades de vivienda que fueran ofrecidas en alquiler –a precios asequibles– para sectores específicos de la población, tales como hogares de ingresos medios y/o bajos, jóvenes, hogares monoparentales, etc. Otras ciudades del mundo tienen experiencias exitosas al respecto. Incluso podría contemplarse que ese porcentaje de viviendas fuera edificado por cooperativas de la construcción. 2) Recuperar, por parte del Estado municipal, recursos asociados al incremento que podría tener el valor de esos terrenos debido a eventuales normativas que permitan mayores alturas de edificación o de ocupación del suelo, entre otras posibilidades. Esos recursos podrían afectarse a la prestación de servicios (extensión de redes de agua corriente, gas natural, desagües cloacales, pavimento) y/o a la ejecución de obras de equipamiento colectivo (escuelas, centros de salud, playones deportivos, espacios culturales) en barrios con menor dotación relativa. 3) Ofrecer una normativa orientada a evitar que se reproduzcan situaciones de vacancia, de ociosidad con el suelo que –eventualmente– adquieran inversores privados. En otras palabras, disponer de una ordenanza que desincentive la retención especulativa del suelo y permita que la sociedad en su conjunto pueda capitalizar los beneficios de proyectos ideados sobre terrenos públicos. 4) Contemplar los derechos de aquellos hogares cuyas viviendas están comprendidas en polígonos localizados en el suelo que se proyecta vender, viviendas oportunamente censadas e incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP, ley nacional N° 27.453/18). En este sentido, cualquier decisión que les afectara debería incluir su participación, recordando que son hogares cuyos vínculos de arraigo y estrategias de supervivencia se han desplegado allí durante años. 5) En el caso específico del cuadro de la Estación Belgrano, preservar la traza ferroviaria paralela a la calle Vélez Sarsfield para no cancelar futuros proyectos ferroviarios, así como también poner en valor el patrimonio ferroviario instalado (cabines, señales, aparatos de vía, etc.) como posible equipamiento destinado a otros usos en el parque propuesto por el municipio. Lo primero no anularía la posibilidad de reactivar servicios de pasajeros de cercanía, por ejemplo, con los beneficios asociados en términos ambientales y para la descongestión del tráfico. Lo segundo permitiría que el parque fuera un espacio respetuoso de la historia ferroviaria que le diera origen.
Con el espíritu de aportar al debate público en torno al destino de terrenos estratégicos para Santa Fe y sus habitantes, sirvan estas breves líneas compartidas como contribución para pensar y proyectar una ciudad que evite inducir procesos de segregación socio-urbana, que no obture la posibilidad de reactivar servicios ferroviarios si a futuro fueran convenientes y/o necesarios y que disponga de espacios públicos de calidad y equipamientos urbanos respetuosos del patrimonio histórico y ambiental, valores y atributos generalmente reconocidos y preservados en ciudades que han atravesado instancias de renovación urbana como la que aquí pareciera avecinarse.
(Del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral - IHUCSO / UNL – CONICET
CPN. MATÍAS ROSSI
Los 7 millones de jubilados argentinos sufrimos una pérdida cuantiosa en el valor de nuestros haberes en los últimos años. En los 48 meses del gobierno K, desde diciembre de 2019 hasta el aumento del ministro Massa en diciembre de 2023, las jubilaciones se ajustaron un 590 %, las mínimas con sus bonos un poco más, el 742 %, contra una inflación en el período del 930 %. En la era libertaria, desde diciembre a septiembre de 2024, el índice de precios aumentó un 153 %. A los que superamos la mínima se nos ajustó hasta octubre, un 131 %. Pero ¡oh sorpresa! a los 5 millones de jubilados que cobran menos, solo el 96 %, porque tienen sus bonos congelados. En 10 meses perdieron el 29,4 % del valor de sus haberes que, de haberse mantenido, habrían llegado en octubre a $ 406.000, en lugar de los $ 314.721 que cobraron. Esta diferencia de $ 91.883 solo en el mes octubre significó que los 5 millones de jubilados que cobran la mínima perdieran 456 mil millones de pesos que por supuesto se los quedó el gobierno. ¡Imaginen lo que suma el año!
Todos son datos oficiales de la Anses y del Indec por lo que, si algún funcionario afirma lo contrario, miente con el solo fin de quedar bien con el jefe, caso el Sr. De los Heros, Director de la Anses, que definió como "una sensación" este despojo que sufrimos.
La conclusión alarma: dos gobiernos tan opuestos políticamente han coincidido en meternos sus manos en nuestros bolsillos. Y el actual en especial a los que menos ganan, justificando este abuso con todos para mantener el déficit 0 del Estado. Un insulto a la justicia que simboliza vivir en democracia.
Según la Real Academia Española el verbo pronominal ensañarse significa "causar el mayor daño y dolor posibles a alguien o algo que no puede defenderse". Pues bien, el uso del poder en la Argentina muestra dos caras de la misma moneda: sea el populismo K o el libertarismo de la motosierra, ambos se han ensañado con los más viejos y vulnerables de la sociedad.