Fuente: DyN
La Cámara Federal porteña ratificó la “inhibición general de bienes” dictada en primera instancia por el juez federal Julián Ercolini contra los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, titulares del grupo empresario Indalo.
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La medida fue dispuesta en el marco de la causa en la que se investiga a la empresa Oil Combustibles SA por la supuesta retención irregular del Impuesto a los Combustibles Líquidos y sobre el Gas Natural, por unos ocho mil millones de pesos, añadieron los voceros.
La Sala I de la Cámara, con las firmas de los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, ratificó la medida porque los empresarios “no han logrado demostrar con éxito que la inhibición general de bienes le genere un perjuicio concreto, directo y actual que merituar a los fines de resolver su conservación o revocatoria”.
“El poder de convicción acerca de la probabilidad de que los hechos hayan acontecido tal como fueron denunciados se cristalizó en la convocatoria” a prestar declaración indagatoria, sostuvieron los camaristas, al dar verosimilitud a la hipótesis delictiva que desarrolla el juez Ercolini.
La inhibición fue confirmada “con el grado de provisionalidad que aquí se debate”, es decir como una medida preventiva, se explicó. La Cámara adoptó la decisión pese a que la semana pasada había resuelto que la causa debía cambiar de fuero y pasar al Penal Económico, donde los empresarios podrán reeditar los reclamos contra la decisión que virtualmente inmoviliza todos sus activos económico-financieros.
El caso se inició a partir de una denuncia de la AFIP acerca del destino indebido del impuesto (ITC), que se percibe directamente con la venta de combustible y debe derivarse al organismo recaudador. La acusación es que López habría derivado el tributo a otros emprendimientos suyos y luego se acogió a una plan de facilidades para cumplir con la obligación impositiva correspondiente.