El Litoral
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Con mayoría de la oposición, se sancionó una ordenanza que “devuelve” esa potestad al Deliberativo. Fuerte debate en el recinto.
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Ahora será el Concejo, es decir el Poder Legislativo local de la ciudad —y no el Poder Ejecutivo, como ocurría hasta ahora— el que determine el valor de la Unidad Fija (UF), que es la fórmula utilizada para establecer los valores de todas las multas tipificadas en el Régimen de Infracciones y Penalidades de la ciudad (Ordenanza N° 7882).
Eso sancionó ayer el Concejo, tras aprobar una ordenanza impulsada por el edil opositor Juan J. Saleme, y sólo con los votos de sus pares del interbloque oficialista —que tiene mayoría—. El interbloque frentista votó en contra.
En concreto, la ordenanza aprobada —tras una áspera discusión de casi una hora— modifica el artículo 3 bis del referido régimen. El nuevo artículo establece que “El valor de la UF será determinado por el Concejo Municipal (no por el Ejecutivo, como ocurre ahora)”. Y establece una disposición transitoria: “congelar” el monto de las multas al momento de la sanción de esa ordenanza. A este polémico tema lo había anticipado El Litoral en su edición del pasado viernes 15.
Qué es la UF
El valor de las multas era determinado hasta hoy por el Ejecutivo a través de un elemento de medición ajustado al valor de las naftas: es la UF (Unidad Fija) y ese valor se saca del promedio de tres naftas del ACA. En la actualidad, una UF cuesta 13,623 pesos (resolución N° 136 Ejecutivo del 31 de agosto de 2015).
Un ejemplo práctico: la multa por la infracción de lavar vehículos en la vía pública (art. 28 del Régimen) se fija en un mínimo de 20 UF a máximo de 200 UF. En valores dinerarios la sanción es de 272 pesos (mínimo). Y el máximo asciende al 2.724 pesos. Al monto final lo determina el Juez Municipal de Faltas.
La duda es si el Ejecutivo vetará esta ordenanza. En esa caso, aprobar el veto y dejar sin efecto la ordenanza sancionada ayer demandará de una mayoría especial de dos tercios de los votos. La oposición en principio no reúne esos votos.
Diferencias conceptuales insalvables
Saleme consideró que “desde 2012 esta facultad fue cedida al Ejecutivo, y desde ese año por decreto el municipio aumenta anualmente el valor de las UF que determinan el valor de las multas. Ha habido una intención recaudatoria y una fuerte presión tributaria del municipio hacia los contribuyentes. Creemos que es una noticia muy importante para el Concejo recuperar esa facultad”.
Pero el concejal oficialista Carlos Suárez (FPCS-UCR) echó por tierra esa opinión. Con amplios argumentos jurídicos, dijo que en su momento ‘no hubo una delegación impropia de facultades”.
‘Para nosotros (la determinación actual de la UF para las multas) es una política de Estado que creemos se manejaba correctamente, porque han reducido drásticamente el número de infracciones (un 44 % menos las multas por alta velocidad entre 2012 y 2015, citó número de la Secretaría de Control Municipal). Acá no se habla de presión tributaria sino de infractores”.